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El gobierno 6.000 millones en avales para abrir el préstamo a viviendas protegidas

El Estado compartirá al 50% el riesgo con la banca para 100.000 nuevas VPO hasta 2011

A. M. VÉLEZ

Hace unos meses, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió a la banca que trate 'con cariño a las familias' a la hora de decidir si les concede una hipoteca. Ayer, Corredor reconoció implícitamente que, debido a la crisis del crédito, su petición no ha sido del todo atendida, ni siquiera en el mercado de vivienda de protección oficial (VPO), donde, al ser sus precios más bajos, la tasa de morosidad, recordó, es 'menor' a la del segmento libre. Corredor anunció la puesta en marcha de una nueva línea de garantías por la que, a partir del próximo julio y hasta que acabe 2010, el Estado aportará avales para la compra de VPO por hasta 6.000 millones de euros.

Ese dinero estará disponible con cargo al presupuesto del Ministerio y servirá para compartir al 50% el riesgo de impago con las entidades financieras en los nuevos préstamos hipotecarios que se concedan para la compra de vivienda protegida. Deberán ser casas acogidas al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, cuya financiación espera cerrar el ministerio el próximo mes con 'entre nueve y doce' bancos y cajas, según dijo ayer la ministra.

Las garantías, cuya gestión será encomendada al Instituto de Crédito Oficial (ICO), no sólo estarán disponibles para las viviendas protegidas de nueva construcción: también para las de precio libre que ya están terminadas y que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, no se venden (hay entre 500.000 y 700.000 unidades, según las fuentes), siempre que sus promotores decidan convertirlas en VPO para darles salida, aun a costa de ver reducidos sus márgenes.

Según Corredor, la nueva línea de avales, que la patronal bancaria AEB considera 'en principio, positiva', dará acceso a la compra de casas protegidas a 100.000 'familias solventes que hace un año no habrían tenido acceso a una hipoteca' y que hoy se topan con el rechazo de bancos y cajas .

El volumen de garantías que se concederá a cada entidad tendrá un tope de hasta el 3% de su cartera de créditos de VPO morosos, una cifra por encima de la media de hipotecas impagadas del sector, que es del 2,36%.

No todas las entidades podrán llegar a esa cifra: sólo podrán hacerlo las que más apuesten por la vivienda protegida. El criterio que se tomará es que concedan préstamos para este tipo de viviendas por importe de más de 75 millones al año o que su cartera de créditos por VPO aumente en al menos 20 millones al año.

A estos bancos y cajas se les reconocerá con el distintivo de entidades colaboradoras preferentes, un logo con una cerradura y una sonrisa. 'La peor hipoteca es la que no se da', dijo ayer la ministra.

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