El Gobierno cambia de opinión sobre el pago de rescates de secuestrados

Con los cooperantes españoles Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons a salvo y ya en España, el Gobierno respira aliviado, pero rechaza dar información sobre los detalles de la liberación de los secuestrados en una operación mimética a la empleó el Gobierno de Zapatero con los tres catalanes secuestrados nueve meses también en Mali entre 2009 y 2010. El Ejecutivo de Mariano Rajoy pide discreción y ni confirma ni desmiente si hubo contrapartidas para los secuestradores del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) a cambio de la liberación de los tres cooperantes -los dos españoles y la italiana Rossella Urru-, a los que capturaron en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández han llegado a las 20.00 horas de este jueves a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), tras haber partido vía aérea desde Burkina Faso.

Ayer, desde Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, zanjó las preguntas de los periodistas sobre las condiciones de la liberación con un "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer". Lo que tenía que hacer, según fuentes conocedoras del operativo de liberación, incluye el pago "inevitable" de un rescate y la puesta en libertad de tres presos islamistas en Mauritania. Uno de ellos sería el saharaui Memin Uld Ufkir, que habría participado en el secuestro. Los tres prisioneros quedarían en libertad en algún país musulmán no conocido, según la agencia francesa AFP. Televisión Española, citando fuentes cercanas al operativo de liberación, confirmó ayer este último punto sobre el intercambio de los cooperantes por presos islamistas, pero no citó en ningún momento el pago de rescate.

El Gobierno, amparado también en la seguridad de otras dos cooperantes de Médicos sin Fronteras que siguen secuestradas en Somalia, no tiene intención de informar sobre la resolución del secuestro. En agosto de 2010, sin embargo, la entonces portavoz del grupo popular en el Congreso y hoy vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, tardó 48 horas desde la liberación de los cooperantes catalanes de Barcelona Acció Solidària, secuestrados en Mauritania en noviembre de 2009, en pedir la comparecencia de su antecesora socialista, María Teresa Fernández de la Vega, para que informase sobre si había habido pago del rescate de los tres cooperantes catalanes, tal y como había declarado Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) cuando los puso en libertad.

El pago de un rescate "es un delito", recordó el PP al Gobierno de Zapatero

Además, el hoy ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió explicaciones al Ayuntamiento de Barcelona sobre las actividades de la ONG catalana, a la que se acusó desde distintos foros conservadores de practicar "turismo de riesgo" en el Magreb. Por su parte, el entonces portavoz de Asuntos Exteriores del PP y hoy embajador español en India, Gustavo de Arístegui, acusó al Gobierno de Zapatero de cometer un "error" por "negociar con terroristas", porque "da aliento a la industria del crimen y del secuestro".

El PP retomaba así la posición mantenida durante el secuestro del atunero Alakrana en aguas del sur de Somalia. La retención del barco, que duró 47 días entre octubre y noviembre de 2009, se saldó con la liberación de los rehenes y el pago de un rescate que se cifró en al menos cuatro millones de dólares. Entonces, los conservadores arremetieron contra la ministra de Defensa, Carme Chacón, a la que acusaron de "pasividad", y el presidente del Gobierno, al que Arístegui acusó de hacer un "ridículo cósmico". Las duras acusaciones incluyeron advertir de que el pago de un rescate es "un delito" y responsabilizar a los socialistas de crear "una de las crisis más serias del Estado de Derecho desde que España es una democracia", provocando el "daño de las instituciones".

El embajador español en India aseguró entonces que el PP no habría pagado ningún rescate y habría optado por la vía francesa: en abril de 2008, operativos del Gobierno de Nicolas Sarkozy tendieron una trampa a los secuestradores de un yate de lujo francés, liberaron a 30 rehenes, detuvieron a los piratas y recuperaron el dinero del rescate gracias a localizadores colocados en las bolsas. A la hora de la verdad, sin embargo, los expertos españoles sostienen que esta posibilidad es la más arriesgada para la vida de los secuestrados.

Semanas después del secuestro de Fernández y Gonyalons, en octubre de 2011, el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO)  hizo llegar las primeras condiciones para su puesta en libertad: sacar a tres de sus presos de las cárceles mauritanas y 30 millones de euros por las dos mujeres secuestradas. En el momento de la liberación, el portavoz de MUJAO lo confirmó a AFP: "Nuestras condiciones se han cumplido". Mohamed Ould Hicham añadió que la cuantía de la "deuda", como denominó al pago del rescate, se conocerá pasado un tiempo.

Santamaría pidió que la entonces vicepresidenta del Gobierno compareciera para explicar el rescate de los catalanes Las fuentes de la zona consultadas informan de que los secuestradores siempre empiezan con cantidades muy altas que se van rebajando durante la negociación y calculan la cifra del rescate entre uno y cinco millones de euros por cooperante. La cantidad habría sido abonada por los gobiernos español e italiano a través de los mediadores de Burkina Faso que recogieron a los liberados en Gao, al noroeste de Malí, de manos del MUJAO. El diario italiano La Repubblica ha confirmado también el pago del rescate a través de fuentes de la inteligencia española.

El Gobierno de Burkina Faso ha sido clave en las negociaciones con los secuestradores de MUJAO, como lo fue en su día con los captores de los tres cooperantes de Barcelona Acció Solidària, aunque los responsables del secuestro fueron entonces integrantes de Al Qaeda del Magreb Islámico (AGMI) y no el MUJAO. En esta última ocasión, además, ha sido el Gobierno español (Defensa, Asuntos Exteriores y el CNI) quien ha llevado el peso de las negociaciones, con un papel apenas accesorio de las autoridades italianas.

Los protocolos de actuación para estos casos que manejan las autoridades españolas en la zona son muy restringidos y tratan de preservar la vida de los secuestrados por encima de todo. El pago del rescate se da por hecho si se confirma la imposibilidad de detener a los captores antes de que lleguen a su feudo, en esta ocasión, el norte de Mali. Los tres puntos más importantes de esta zona (Tombuctú, Gao y Kidal, la mitad del país) hace tres meses que están bajo el control del MUJAO y de Ansar Din, grupo armado aliado de AQMI. Estos movimientos pretenden la imposición de la ley coránica y están fuera del control del Gobierno de Bamako desde el golpe de Estado militar del 22 de marzo, que interrumpió las negociaciones para liberar a los cooperantes unos días después de que el ministro García-Margallo viajara a Bamako para tratar de acelerar las gestiones.

El Grupo Parlamentario socialista no preguntará al Gobierno por los detalles del rescate en Mali de los cooperantes. Así lo ha confirmado a Público el portavoz de Cooperación Internacional en el Congreso, César Luena. Los socialistas comparten la posición del Gobierno de que ahora, lo importante es un desenlace también positivo de secuestro en Somalia de las dos mujeres de Médicos sin Fronteras, por lo que la discreción es prioritaria. Luena rechaza mantener una posición "oportunista" como la que esgrimió en su día el PP, tras ser rescatados los cooperantes de Barcelona Acción Solidaria o antes, con la liberación del atunero Alakrana, pidiendo detalles sobre si se había pagado o no rescate y acusando al Gobierno de Zapatero de cometer un "delito" por abonarlo, aunque los socialistas siempre lo negaron.