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El Gobierno empuja a las cajas a ser bancos

Impone a las entidades financieras españolas los mayores ratios de solvencia del mundo

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Las cajas de ahorros que conocemos en estos momentos tienen los días contados. En concreto, al modelo de cajas le quedan nueve meses de vida. A partir de otoño, prácticamente todas las entidades del sector tendrán que realizar su negocio financiero a través de un banco y la caja como tal sólo se dedicará a gestionar la obra social.

El Gobierno y el Banco de España habían llegado a la conclusión en los últimos días de que las cajas no pueden sobrevivir con su modelo actual porque no tienen capacidad para captar capital y mejorar su solvencia en un entorno tan difícil como el actual, en el que, además, los mercados tienen una pésima imagen de ellas. Por eso, las autoridades se plantearon que era necesario que se convirtieran en bancos.

Tras este proceso, las cajas serán privadas y tendrán accionistas

En su opinión, los mercados las entenderían de ese modo (ahora no comprenden que no tengan dueños y que sus gestores sean autonomías, ayuntamientos y demás) y además tendrían las vías normales que tienen los bancos para captar fondos, como la venta de las acciones o las ampliaciones de capital.

Tras muchas negociaciones, Gobierno y Banco de España han decidido finalmente empujar a las cajas a convertirse en bancos; pero no lo hacen por la vía de la imposición legal, sino elevando tanto las exigencias de solvencia que no van a tener otra salida que gestionar su negocio financiero a través de un banco. Y deberán hacerlo antes de que finalice octubre.

La fórmula para conseguirlo, sin entrar en guerras legales con las comunidades autónomas y con el propio sector de cajas, va a ser finalmente elevar del 4% al 8% el ratio de solvencia (el peso del capital en el tamaño total de la entidad) de todas las entidades financieras españolas y subirlo por encima de esa cifra (aún no han concretado hasta dónde) para las entidades que no coticen y que tengan gran dependencia de los mercados de capitales; es decir, las cajas.

El fondo de rescate inyectará dinero en las entidades que no puedan captarlo

Como las cajas no tienen prácticamente más posibilidad de captar capital que por la vía de los beneficios (que además ahora están cayendo), las nuevas exigencias les obligarán a traspasar todo su negocio a un banco para poder vender sus acciones; es decir, con este movimiento se acaba consiguiendo la privatización de las cajas porque empezarán a tener accionistas privados. A cambio, se mantendrá la posibilidad, que ahora contempla la ley, de que la caja siga siendo la propietaria del banco sin necesidad de convertirse en una fundación, que era uno de los supuestos que se estaban planteando y que las cajas rechazaban de plano porque suponía que el modelo desaparecía por completo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, auguró ayer que el conjunto de entidades financieras españolas tendrá que captar antes de octubre (cuando se ha fijado la fecha límite) unos 20.000 millones de euros. Salgado confía en que buena parte de esta cifra provenga de los mercados de capitales; es decir, sea privado; pero también reconoce que otra parte tendrán que ser ayudas públicas, que se canalizarán a través del fondo de rescate, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Aun así, aseguró que no afectará al objetivo de déficit de este año porque ese dinero no se contabilizará como tal. Esa cifra podría crecer cuando salgan los resultados de los estrés test a final de junio, ya que si en ese momento se detectan necesidades adicionales de capital en alguna entidad, también tendrá que recapitalizarse.

Las entidades que, cuando llegue septiembre, no tengan un plan razonable de recapitalización recibirán la inyección de dinero público, aunque esta vez no será por medio de un préstamo, como hasta ahora, sino que se hará por la vía de la nacionalización; es decir, el Estado se convertirá en accionista de la entidad y entrará en su consejo de administración para ayudar a gestionarla. Esta operación no podría hacerse con una caja, porque no posee acciones, así que las cajas que por sí solas no puedan captar el capital privado, no tendrán más remedio que convertirse en bancos.

La dureza de las nuevas exigencias se comprueba sólo mirando los datos de las mayores entidades españolas. De acuerdo a las cifras de septiembre pasado, consiguen aprobar Santander, Banesto, BBVA, La Caixa y Popular, pero necesitarían más capital entidades como Caja Madrid, Sabadell, Bancaja o Bankinter.

El Gobierno ha diseñado este plan de recapitalización con el Banco de España y también se ha puesto en contacto con el PP y con otros partidos, pero no ha negociado como tal con las patronales de bancos y cajas, con las que estudiará desde hoy los detalles; por ejemplo, cuánto más capital deberán tener las cajas que no coticen en bolsa. La previsión es aprobar el decreto ley durante febrero.

El objetivo de este proceso es que el sistema financiero español sea percibido con más confianza en los mercados y, por ende, también lo sea la economía española, que de esa forma tendría más fácil empezar a crecer de forma consistente. Para evitar que las entidades tengan la tentación de reducir su tamaño (y por tanto la concesión de créditos) para cumplir con las exigencias, el Gobierno calculará las necesidades con las cifras de 2010, en las que ya no se pueden hacer cambios. Se evita así la restricción inicial de crédito, pero no la posterior, ya que la banca española tendrá durante años unas exigencias superiores a las de sus competidores internacionales.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró ayer que con la reordenación prevista se quiere 'preservar la obra social' de las cajas.

En todo caso, la normativa no pondrá límites a qué parte de los beneficios deben dedicar estos nuevos bancos a obra social. Por eso, el reparto de beneficios entre otros accionistas y las mayores exigencias de guardar una parte de las ganancias en el capital puede hacer disminuir la cuantía que habitualmente se dedica a las actividades filantrópicas.

Desde el propio Ejecutivo y desde las cajas niegan la mayor e insisten que las cajas serán a partir de ahora más fuertes, más grandes y con más beneficios. Y cuantas más ganancias, más dinero podrá dedicar a la obra social. Además, los accionistas de los nuevos bancos serán las propias cajas, que exigirán dividendos para dedicarlos a obra social.

Frente a este argumento, muchos expertos están convencidos de que la conversión de las cajas en bancos es el primer paso para que la obra social vaya menguando paulatinamente, ya que cada vez serán menos cajas. 

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