La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que éste ha autorizado a su presidente a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la implantación a los catalanes del pago de un euro por receta por parte de la Generalitat de Catalunya, una vez agotadas todas las vías de diálogo con el Govern de Artur Mas y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Soraya Sáenz de Santamaría ha informado, además, de que el Ejecutivo pedirá ál Tribunal Constitucional la suspensión cautelar inmediata de esta medida que consideran que vulnera el principio de equidad y fomenta la desigualdad entre los ciudadanos.

La decisión del Gobierno ha sido respondida por el presidente de la Comunidad de Madrid, que pretende implantar la misma medida en la región en enero de 2013, antes incluso de que la vicepresidenta la anunciara en rueda de prensa. Ignacio González –que fue informado del recurso esta mañana por la ministra de Sanidad– ha defendido su iniciativa asegurando que si no se llega a un acuerdo con el Ejecutivo en la mesa de diálogo que tienen abierta ambas administraciones, la 'llevará adelante' por entender que tiene 'el marco competencial a su favor', pues cree que el euro por receta es 'una tasa sobre la prestación de un servicio, no una medida que entra a formar parte de la configuración del precio del medicamento, que sí es competencia estatal. González ha insistido en que, por tanto, la medida 'entra dentro de las competencias de la Comunidad' y, además, es 'abolutamente indispensable' dentro del proceso de 'racionalización del gasto sanitario' que está llevando a cabo la Consejería de Sanidad.

La número dos del Ejecutivo ha explicado, sin embargo, que el euro por receta supone una tasa que grava dos veces una misma circunstancia –la adquisición de medicamentos– y lo hace de forma indiscriminada, sea cual sea la renta de los catalanes. Es decir, que la decisión de la Generalitat vulnera la normativa estatal prevista para garantizar las bases de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. Más allá de las cuestiones técnicas, Sáenz de Santamaría ha advertido de que si la medida sigue adelante en Madrid y es finalmente implantada, seguirá la misma suerte que en Catalunya y será recurrida ante el Constitucional. 'Responderemos de la misma manera', ha asegurado.

Por su parte, el conseller de Salut catalán, Boi Ruiz, ha indicado que mantendrá el euro por receta en medicamentos que cuesten más de 1,67 euros y para todos los catalanes salvo los que cobren pensiones no contributivas o la renta mínima de inserción. El Gobierno, a través de su portavoz, ha advertido de que, entonces, estarían vulnerando 'una decisión jurisdiccional' y, en su caso, ya pueden explicar 'muy bien a los catalanes que les van a cobrar un euro por receta en contra de una decisión del Tribunal Constitucional', además, sabiendo que 'no pueden exigírselo'.