Tras conocerse el lunes el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el que se obliga al Ayuntamiento de Lleida a suspender cautelarmente la prohibición del uso del burka, el nuevo Govern se posicionó y sus afirmaciones no dejaran lugar a dudas: el Ejecutivo está con el consistorio leridano y en contra del uso del burka.

De hecho, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, tildó el burka de "un signo" que "violenta los valores fundamentales de nuestra vida democrática" y afirmó que la decisión del Ayuntamiento de Lleida "la vemos con buenos ojos".

En ese sentido, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, aprovechó el revuelo que el auto del TSJC ha levantado tanto dentro como fuera de la ciudad y afirmó que en los procesos de integración de los inmigrantes "no todo vale". Y es por esa razón que, a su entender, las aportaciones culturales se deben frenar cuando vulneran algunos valores determinados, como la igualdad y la tolerancia.

El consistorio ya anunció que recurrirá la decisión del TSJC aún siendo cautelar

Además, Ros criticó que el alto tribunal catalán decidiera dictar la suspensión cautelar ya que, según su parecer, "la aplicación de la prohibición no puede generar daños de difícil compensación, como señala el auto". Para Ros, con esta prohibición no se está vulnerando ningún derecho fundamental, como alega la asociación Watani. Tras conocerse el auto, el consistorio ya anunció que recurrirá la decisión del TSJC aún siendo cautelar.

Por otro lado, el abogado de la asociación musulmana Watani, Carles Antolí, afirmó que tienen muchas esperanzas de que el TSJC prohíba definitivamente la nueva ordenanza. Además, para Antolí la decisión judicial frenará la "tendencia" a la proliferación de ordenanzas de este tipo.