La prioridad es evitar la bancarrota. Lo dijo el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, en un acto el pasado sábado en el que sólo tenía dos opciones: anunciar la suspensión de pagos del país o nuevas medidas de recorte que acogoten todavía más a sus ciudadanos y a la maltrecha economía del país. Optó por los ajustes.

Ayer se concretaron esas medidas tras un consejo de ministros extraordinario que se prolongó durante cuatro horas. El Gobierno va a imponer de manera inmediata un nuevo impuesto sobre las propiedades inmobiliarias, algo muy parecido al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que existe en España. Se cobrará entre 0,5 céntimos y diez euros por cada metro cuadrado de propiedad, dependiendo del lugar en el que esté situada. La media serán unos cuatro euros por metro (400 euros para una vivienda de cien metros cuadrados), que se abonarán de manera inmediata, porque el Gobierno quiere ese dinero para rebajar el déficit este mismo año y situarlo en el 8,1% comprometido. Su objetivo es ingresar 2.000 millones de euros antes de diciembre. Y, dada la escasa tradición de pago de impuestos que existe en Grecia (lo que hace poco efectivas las subidas del IVA), el Ejecutivo ha previsto una forma de pago de la que es más difícil escapar: se cobrará en la factura de la luz.

La misión de la UE y el FMI volverá a Atenas tras las medidas anunciadas

El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, explicó ayer que esta es "la única medida que se puede implementar de inmediato" y permanecerá vigente durante dos años. Papandreu prometió que será "socialmente justa".

Un analista de un gran banco citado por Reuters aseguraba ayer que la Unión Europea y el FMI verán probablemente con buenos ojos esta medida, porque contribuye a mejorar las cifras presupuestarias de Grecia, pero la realidad es que "no sirve para afrontar los problemas estructurales". De momento, ha sido suficiente para que el comisario de Economía de la UE, Olli Rehn, anunciara ayer que la misión de la troika (compuesta por el FMI, la UE y el BCE) volverá a Grecia a finales de mes, después de haber salido del país el pasado 2 de septiembre de forma precipitada porque no se habían cumplido prácticamente ninguno de los planes firmados para recibir el primer plan de rescate.

El objetivo, ahora, con una medida tan inmediata, a diferencia de las privatizaciones, con las que se quieren captar 78.500 millones, pero en un plazo más largo e indeterminado, es lograr que la troika acepte entregar el nuevo tramo de la ayuda, consistente en 8.000 millones. Sin ello, el país tendría que entrar en suspensión de pagos, lo que provocaría unos problemas incalculables a la zona del euro, empezando por la banca, que tiene invertidos miles de millones en deuda griega.

Los mercados abren hoy en medio de una gran incertidumbre

Junto a esta medida, que tiene un impacto más doloroso en las clases baja y media, el Gobierno anunció ayer otra más que le aportará muchos menos fondos pero que le sirve para demostrar que no sólo pide esfuerzos a los segmentos más castigados de la población, sino también a sus líderes. Los políticos y los altos funcionarios tendrán que renunciar a una paga mensual completa, lo cual equivale apenas a una rebaja salarial del 7%.

En su discurso del pasado sábado, Papandreu anunció que habría también más privatizaciones y más ajustes en la reforma laboral. Sin embargo, de esas medidas no se detalló ninguna al término del consejo de ministros.

Con los anuncios de ayer, el Gobierno griego quizá ha tranquilizado algo a la Unión Europea, pero no ha conseguido que desaparezcan los nubarrones de su posible suspensión de pagos. De hecho, uno de los dirigentes de un partido de la coalición de Angela Merkel ya aseguraba ayer que el impago de la deuda griega "debería dejar de ser considerado un tabú". Philipp Rösler,líder de Free Democrats, aseguró que, para estabilizar el euro, esto no puede seguir siendo un tabú y, si es necesaria, habrá que afrontar una bancarrota ordenada de Grecia con los instrumentos que existen para ello.

Ante declaraciones de este tipo, que buscan presionar a Grecia al demostrarle que están dispuestos a dejarla caer, Papandreu respondió ayer que no aceptará extorsiones. "Nos encontramos en medio de una tormenta, pero no permitiremos que nadie nos amenace", indicó, y añadió: "Hace dos años teníamos un déficit de 30.000 millones y ahora no se nos perdona ni un pequeño desvío de un euro", informa Efe.

En medio de este rifirrafe en el que el Gobierno griego intenta ganar credibilidad, la UE presiona, pero no tanto como para que haya una quiebra, y los ciudadanos griegos se tiran constantemente a la calle porque no aguantan más recortes, los mercados de valores abrirán hoy con mucho miedo. El viernes pasado vivieron un terremoto por la convicción de que este fin de semana Grecia suspendería pagos y ahora se enfrentan de nuevo a una sesión repleta de temores y rumores constantes.

Los bancos son los más castigados porque, en caso de suspensión de pagos, serán los primeros perjudicados, ya que son los que tienen la deuda en sus balances. El viernes aseguraban los analistas que, si en el fin de semana no se lograba una decisión coordinada mundial (algo que no consiguió el G-7 el viernes), hoy volveríamos a vivir otro lunes negro. El fin de semana podría haber calmado los ánimos.