En pleno siglo XXI aún existen en España pueblos que llevan el apellido 'del Caudillo'. Es el caso de Guadiana, en Badajoz, un municipio menor que depende en parte de la capital pacense y al que ahora se le exige la eliminación de su segundo nombre para cumplir el objetivo de segregarse de Badajoz.

Del último cruce de acusaciones entre la Junta de Extremadura y el alcalde de Guadiana del Caudillo se desprende una falta de voluntad por parte del regidor para eliminar el vestigio franquista. La vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, Dolores Pallero, se apoya en la Ley 52/2007 de Memoria Histórica para subrayar la necesidad de que Guadiana se adapte a esa legislación antes de que la Junta autorice la segregación. —Desde 1971 es una entidad local menor, con competencias limitadas—.

Por su parte, el regidor, Antonio Pozo —que hace unos días defendió estar en contra "de todas las dictaduras" pero "a favor" del nombre 'Guadiana del Caudillo'"— estima que la paralización del proceso de segregación que está haciendo la Junta de Extremadura es un "atropello político" para "impedir al PP llegar a la alcaldía". 

La Junta insiste en que no persiguen fines electorales sino cumplir la ley de Memoria Histórica

Pallero defiende que la petición de la Junta para eliminar el "del Caudillo" no es una "cabezonería" de la administración autonómica, sino que es una "cuestión de legalidad". 

La portavoz del gobierno regional ha considerado que el alcalde de Guadiana del Caudillo "quiere ver un problema donde no lo hay" y ha asegurado que si accede a omitir la segunda parte del nombre del municipio, la Junta no negará el derecho que tienen a segregarse de Badajoz, tal y como permite la Ley de Régimen Local. 

En su opinión, "cuesta entender, desde el punto de vista personal, que alguien a estas alturas del 2011 quiera seguir haciendo apelación o exaltación de la figura del Caudillo", ha indicado en declaraciones recogidas por Efe. 

Pallero ha recordado la segregación del poblado de Gévora, que también ha eliminado "del Caudillo" de su denominación oficial, por lo que ha aconsejado a Antonio Pozo que "aplique la ley".

Por último, ha  informado que la posición de la Junta  "no es una cuestión de interés electoral, sino de cumplimiento de la legalidad".