El sindicato mayoritario italiano, CGIL, encabezará este martes una huelga general a la que se han adherido de todos los sectores productivos, en protesta contra el plan de ajustes de 45.000 millones elaborado por el Gobierno de Silvio Berlusconi, que hoy llega a la Cámara del Senado para su discusión, después de tres tensas semanas de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos y que dejó sin vacaciones de verano a un buen puñado de parlamentarios.

El paro de hoy, el quinto convocado por la CGIL en la legislatura y el segundo desde que fuera nombrada secretaria general Susana Camusso,surge el pasado 5 de agosto, cuando el ministro de Economía, Giulio Tremonti, adelantó una posible eliminación de las fiestas laicas, incluida la fiesta del Trabajo, y dejó claro que el país necesitaba "flexibilizar el mercado laboral", abriendo la puerta a los despidos masivos.

Durante el pasado fin de semana se eliminó la norma sobre las fiestas, pero el domingo a última hora el Gobierno aprobó la modificación del artículo 18 del estatuto de los trabajadores. El cambio sirve en bandeja a las empresas el despido libre, ya que el visto bueno dependerá de sus propios sindicatos internos y no de los mayoritarios.

Y esta decisión marca la movilización de hoy. En palabras de Camusso, una medida "anticonstitucional" y que tiene como único objetivo "la abolición de los convenios nacionales, el estatuto de los trabajadores y sus derechos". La huelga, que será de ocho horas y afectará sobre todo a los transportes, ha sido apoyada por el Partido Democrático e Izquierda, Ecología y Libertad, pero no por otros sindicatos. Habrá más de cien manifestaciones que se esperan por todo el país.

Marca, además, el inicio de un mes de septiembre plagado de protestas, que comen-zaron ayer con una manifestación de la FIOM, sindicato del metal, en la plaza de la Bolsa de Milán, donde varios grupos de trabajadores trataron de entrar por la mañana.

Mientras tanto, en el Senado comenzarán a discutirse los detalles de un plan que poco o nada se parece al anunciado a mediados de agosto por todas las modificaciones que ha sufrido y que ha provocado las críticas del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y hasta la patronal en los últimos días.