Debe de ser la ruptura con el pasado. Apenas dos años después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concediera el indulto al número 2 de Emillio Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáenz, el PSOE defiende una reforma de la Ley del Indulto. En ella pretender exigir al Gobierno dar cuenta de los motivos que han llevado a otorgar cada medida de gracia y ha destacado que una modificación legal de esta naturaleza evitaría "abusos" en su concesión y casos "escandalosos" como el del conductor 'kamikaze' de Valencia.

Así lo ha explicado el portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, que ha valorado "muy positivamente" la reciente decisión del Tribunal Supremo de anular el indulto concedido a Ramón Jorge Ríos, que fue condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 años tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7 en diciembre de 2003.  

El diputado socialista ha hecho extensible esta necesaria reforma legislativa a casos de corrupción. De hecho, tiene registrada en la Cámara Baja una proposición de ley encaminada a modificar la 'Ley del ejercicio de la Gracia de Indulto', que data de 1870."

"La discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad"  

Villarrubia, que ha sido impulsor de esta iniciativa, explica en ella que la motivación "no es exigible en las decisiones que sobre el ejercicio del derecho de gracia adopte el Gobierno" y advierte de que la "discrecionalidad no puede ser sinónimo de arbitrariedad".   Por ello, su proposición obliga al Gobierno a hacer "mención expresa" de las razones de justicia, equidad o utilidad pública que han concurrido en cada caso y a que estos motivos sean apreciados también por los jueces en casos de delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, la Administración Pública y la Administración de Justicia.  

Además, propone que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoja, de forma "sucinta", las razones valoradas por el Gobierno en la concesión de los indultos. Plantea también que el Ejecutivo remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso una copia de los expedientes de indultos otorgados.  

Para finalizar, expone la proposición que la "oleada de indignación que recorre nuestro país por la corrupción político-económica, unido a la sensación de impunidad de los delincuentes de cuello blanco" hace necesario avanzar en este tipo de modificaciones legales.