Un inmigrante irregular con cáncer pagará 3.517 euros por un tratamiento de radioterapia

Los españoles sin derecho a asistencia sanitaria gratuita y los inmigrantes en situación irregular deberán pagar 3.517 euros por un tratamiento de radioterapia, entre 1.587 y 2.993 euros por un día de estancia en la UVI y hasta 6.640 euros por parto.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este jueves las tarifas que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha decidido aplicar a quienes reciban o hayan recibido asistencia sanitaria en esta comunidad desde el uno de enero de este año.

Según el documento, una sesión de hemodiálisis tendrá un coste de 299,60 euros, una resonancia magnética 311,97 euros, y una prueba de alergia 194,92 euros, teniendo en cuenta que quienes la padecen deben hacerse al menos una de estas pruebas al año.

270 euros por una única sesión de quimioterapia, medicamentos aparte. Las nuevas tarifas cifran en 2.500 euros el coste del parto más económico (vaginal sin complicaciones), pero esta cantidad podría llegar hasta los 6.640 euros en caso de que el alumbramiento sea catalogado de alto riesgo, se produzca por cesárea y surjan dificultades.

Y esto por no hablar de la factura que deberán afrontar quienes deban ser atendidos por una UVI móvil (1.095 euros), o de la cantidad que deberá desembolsar un paciente por una única sesión de quimioterapia: 270 euros, medicamentos aparte.

De hecho, según este documento, quienes no tienen derecho a la asistencia gratuita también deberán pagar algunos medicamentos, como los indicados contra la hepatitis C o el VIH, además de las prótesis y el IVA correspondiente (entre un 4 y un 10% tras la subida de tipos efectuada por Rajoy el pasado septiembre).

Sin embargo, aunque el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal publica las nuevas tarifas, no aclara cómo y cuándo procederán a exigir estos pagos. El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aprobado por el Gobierno central el pasado año establece el "deber" de cobrar por estos servicios médicos.

De este modo, los extranjeros en situación irregular sólo pueden recibir atenciones médicas de urgencia, de asistencia al embarazo, parto y postparto, o si son menores de edad, y siempre pagando el importe correspondiente por estos servicios a posteriori.

También deberán pagar algunos medicamentos, como los indicados contra la hepatitis C o el VIH Fuentes de la administración sanitaria consultadas por Público confirman que en gran parte de las ocasiones es difícil cobrar por esta asistencia. Llegar a la vía judicial puede acarrear costes que superan las cantidades demandadas, por no hablar del tiempo que esto supone. De hecho, existen acuerdos con determinados países (como Portugal  o Marruecos) para que las administraciones se hagan cargo de las facturas que sus ciudadanos no pueden afrontar, pero no siempre se cumplen.

El anuncio de la nueva tabla de precios de Cospedal coincide con la aprobación de dos órdenes para cesar a 205 trabajadores del Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), tal y como publican diversos medios regionales. La oposición de todos los sindicatos, que recuerdan el despido de otros 700 trabajadores en 2012, no ha impedido al Gobierno de Castilla la Mancha aprobar estos nuevos ceses, fiel a su política de recortes y copago en materia sanitaria.