En casa del herrero, cuchillo de palo. En los dispensarios de los mismos médicos que recetan a España el recorte de salarios de los funcionarios, la congelación de las pensiones o el retraso en la edad de jubilación (entre otras medidas) nadie ha probado esa medicina. Las condiciones de las que disfrutan los empleados y, sobre todo, los altos cargos de los organismos internacionales económicos son conocidas por su excepcional generosidad, y no hay ninguna señal de que tengan intención de apretarse el cinturón en tiempos de crisis.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo con el que los anónimos mercados se indentifican por antonomasia; la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), el club de países ricos; el Banco Central Europeo (BCE), que clama por la contención salarial, y la Comisión Europea (CE) que ha impuesto a España el recorte en el gasto, tratan a sus funcionarios con el máximo mimo y ni mencionan las congelaciones salariales. Sus sueldos se pagan con las aportaciones de todos los estados miembros, como España, y por tanto, de los contribuyentes. El Banco de España, también un conocido apóstol del ajuste del gasto, tampoco ha hecho sacrificios de puertas para adentro.

Los funcionarios del FMI y la OCDE no pagan impuestos por sus salarios

La escala retributiva de estos organismos es, de partida, elevadísima. El salario más bajo que paga el FMI, que es el que paga a los chóferes, va de los 30.260 dólares a los 45.380 (una media de más de 30.000 euros). En España, un conductor del Parque Móvil del Estado, apenas supera los 17.000 euros de salario base. Con la diferencia, además, de que los salarios del FMI son siempre libre de impuestos gracias a los acuerdos internacionales. Los sueldos se disparan conforme crece la cualificación profesional. Un contable ya puede llegar a los 87.000 euros en Washington, y en el caso de los cargos de más responsabilidad las remuneraciones son estratosféricas. En el FMI, un jefe puede llegar a ganar entre 140.000 y 275.000 euros limpios, y sin contar las ayudas a la vivienda y a las familias aparejadas a estas retribuciones.

En el caso de la OCDE, el salario base de un director, que es de 132.000 euros anuales, se completa con una ayuda mensual para la casa de 660 euros más otros 303 euros por hijo menor. Si además no se tiene la nacionalidad francesa (la sede está en París), se paga un extra por expatriado, que es de 1.540 euros para los solteros y de casi 2.000 euros si se tiene familia.

Además, las ayudas familiares y otros extras son importantes

Las ayudas familiares son una gratificación recurrente en estas instituciones, y el Banco de España también las concede. El regulador bancario español, que ha insistido muchas veces en la necesidad de contener el gasto, y que ha aplaudido la eliminación de los 2.500 euros del cheque-bebé, ofrece a sus empleados un complemento de 991,14 euros anuales como ayuda familiar, aunque no se tenga descendencia. Si además se tienen hijos, se suman otras prestaciones, que aumentan con la edad de cada uno de los descendientes: entre 947 euros anuales, que es la ayuda para los bebés, hasta 1.821 euros por hijo en edad universitaria.

Además, el convenio colectivo de la entidad fijó en 2008 que en el supuesto de que uno de los hijos tenga un grado de discapacidad superior al 65%, podrán seguir percibiendo esta ayuda más allá de los 25 años, colaborando así en el apoyo de las familias con dependientes.

El convenio del Banco de España incluye un alto número de medidas para la conciliación familiar (horario de 8 a 15 horas), y también recoge particularidades, como las viviendas de verano o las aportaciones al plan de pensiones de la entidad. Sin embargo, el personal del banco no tiene condiciones especiales de jubilación anticipada, informa V. Zafra.

El FMI permite la jubilación a partir de los 50 años con un mínimo recorte

Sí las tienen los funcionarios de la OCDE, que se jubilan a los 63 años, y el FMI, que en 2007-2008 creó un programa de bajas incentivadas en el que se permite a sus empleados retirarse con 50 años y una pequeña merma en su pensión. En la Comisión Europa, el órgano de gestión de la UE que aplaudió la decisión de España y Grecia de elevar las edades legales de retiro de sus trabajadores, también hay privilegios llamativos. Según el momento y la edad de ingreso en el cuerpo, el derecho a la pensión se adquiere entre los 60 y los 62 años.

Los funcionarios europeos tienen, además, muy interiorizada la defensa de la revalorización de sus salarios. Los 27 gobiernos de la UE libran, desde hace meses, una guerra a cuenta del sueldo de los empleados comunitarios y el presupuesto total para el año que viene. En enero, los 27 rechazaron la subida prevista de un 3,7% en el sueldo de los funcionarios para este año y la dejaron en la mitad, el 1,85%. La Comisión Europea, junto a la Eurocámara, recurrieron la decisión ante el Tribunal de Justicia comunitario, pidiendo un procedimiento abreviado que los jueces no han concedido. A la espera de la decisión, los 27 se han embarcado en otra lucha: la de rebajar el aumento del presupuesto comunitario.

Fuentes diplomáticas francesas aseguraron a Público que "es inexplicable que, en plena crisis y recortes del déficit, cuando más esfuerzo hacemos los países miembros, las instituciones cuenten con más recursos que nosotros financiamos". Sólo en costes administrativos (que incluyen salarios, pero también otros gastos), el conjunto de las instituciones comunitarias tiene previsto gastar el año que viene 8.000 millones, un 4,4% más que este año. "Por una parte, el Tratado de Lisboa crea más instituciones, que necesitan funcionarios e instalaciones", asegura Patrizio Fiorilli, portavoz comunitario de Presupuestos.

Los empleados de la Unión Europea reivindican un alza salarial del 3,75%

La elevada indemnización por despido en España ha sido una de las críticas recurrentes de las instituciones económicas. Sin embargo, sus regulaciones internas también contemplan estos supuestos. El BCE paga hasta 12 mensualidades (un mes por año trabajado) por un despido ante mal desempeño reiterado en el puesto de trabajo y concede hasta dos años de desempleo. También se advierten paradojas en el uso abundante de contratos temporales, criticado en la doctrina oficial y practicado internamente, sobre todo en el caso del BCE y la OCDE. Este último organismo tiene en plantilla más trabajadores temporales (1.484) que fijos (1.000).