El Gobierno seguirá manteniendo la política de dispersión con los presos de ETA, a no ser que estos se desmarquen de la banda terrorista y condenen su actividad violenta. Seis meses después de que la organización decretara el fin definitivo de su actividad armada, el Ejecutivo ha presentado esta mañana su primera aportación en el proceso de paz abierto en el País Vasco.

Se trata de un pequeño paso, pero de un paso importante, ya que el Gobierno del PP siempre ha insistido en que no se acercaría a ningún preso mientras la banda terrorista no se disolviese. Ahora el Ejecutivo abre las puertas a ese acercamiento con el programa integral dirigido a presos por delitos de terrorismo que ha presentado el Ministerio del Interior.

La iniciativa no sólo se aplicará a los reclusos vinculados a ETA, sino también a los GRAPO y los grupos yihadistas e incluso a los grupos relacionados con el crimen organizado. Se trata, según han asegurado, de facilitar su reinserción y evitar su radicalización en las cárceles.

Fuentes penitenciarias informaron a la agencia Efe de que el programa nace de la llamada "vía Nanclares", pero que es "mucho más ambicioso" ya que consiste en una serie de iniciativas orientadas a que los terroristas y miembros de organizaciones criminales conozcan la realidad social y reflexionen sobre su pasado con el objetivo de que vayan dando pasos hacia su integración en la sociedad democrática.

Los internos que se incorporen al programa participarán en "aulas" dirigidas a su educación en valores de convivencia, tendrán acceso a formación para facilitar su inserción en la vida laboral cuando recuperen la libertad y podrán incluso ser trasladados a centros penitenciarios próximos a sus domicilios, aunque las fuentes consultadas han subrayado que no habrá "acercamientos automáticos".

"Se trata de trasladar a los internos actitudes y conductas que en la sociedad democrática se consideran indispensables", explican estas fuentes, que señalan que el plan "sistematiza y amplía" lo que se inició con la llamada "vía Nanclares", que recibe su nombre del de la cárcel alavesa donde fueron agrupados la veintena de etarras —de un total de más de 600— que se han desvinculado de la banda.

 El plan contiene un programa específico dedicado a la "educación en valores de convivencia" mediante "aulas" en las que participarán los internos

Eso no significa que los requisitos se vayan a relajar, ya que el primero de ellos es que el interno pida su incorporación al programa de reinserción, para lo que previamente deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que han pertenecido.

Se pretende evitar así que los presos que no tengan voluntad de reinsetarse puedan perturbar o "sabotear" el programa.

"Quien no quiere reinsertarse no tiene sentido que forme parte del programa, ya que se requiere una actitud activa por parte del interno", insisten las fuentes.

A partir de ese punto, el plan contiene un programa específico dedicado a la "educación en valores de convivencia" mediante "aulas" en las que participarán los internos, que también tendrán acceso a cursos de mejora de su "capacitación socio-profesional" orientados a su formación para la inserción en la vida laboral.

En cuanto a la posibilidad de traslados a centros penitenciarios próximos a su domicilio, las fuentes consultadas explican que el plan "es el reverso del programa de dispersión", de modo que los reclusos que se desvinculen de sus organizaciones puedan estar en centros que favorezcan su reinserción.

"La reinserción se puso en marcha, entre otras cosas, para dificultar el control de los presos por parte de la banda terrorista, por lo que si se desvinculan de ella ya pueden ser agrupados en cárceles próximas a su domicilio", dicen desde Prisiones, donde insisten en que esto no supondrá en ningún caso "acercamientos automáticos".

La iniciativa de Interior se encuadra en la línea del acuerdo alcanzado en el Congreso el pasado 21 de febrero por PP, PSOE, CiU y el PNV, cuando consensuaron un texto alternativo a la propuesta de UPyD que reclamaba la ilegalización de Bildu y Amaiur, que no llegó a prosperar.

Dicho texto, además de apelar a la unidad para buscar la disolución definitiva de ETA, reclamaba la construcción de la convivencia social "sobre los principios del Estado de derecho" y la continuación de la lucha contra la violencia.

El preso deberá previamente  acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal 

El pasado mes de marzo también se conocieron los resultados del Sociómetro sobre el Final del Terrorismo elaborado por el Gobierno vasco en febrero de este año, cuatro meses después del anuncio de ETA de cese definitivo de su actividad armada, según el cual siete de cada diez vascos son favorables a facilitar la reinserción de los presos de ETA y apoyan su acercamiento a cárceles de Euskadi.

Interior concedió el pasado mes de febrero el tercer grado penitenciario al etarra José Manuel Fernández Pérez de Nanclares -cuya libertad condicional ha informado también favorablemente- y, en abril, a Joseba Andoni Díaz Urrutia.

En cuanto a los GRAPO, siete de los 38 miembros de esta organización que actualmente cumplen condena en España han dado ya los primeros pasos hacia su reinserción, entre ellos el exdirigente de la banda Fernando Silva Sande.