Ni retirar ni modificar las expulsiones exprés. El Ministerio del Interior opina que la polémica circular interna de la Policía, en la que se da carta blanca a las detenciones "preventivas" de inmigrantes en situación irregular, no se separa "ni un milímetro" de la legalidad.

Un alto responsable de este departamento insistía ayer a Público en que el polémico documento, difundido el 25 de enero, se limita a explicar a los agentes cómo deben aplicar dos normas en vigor: la última ley de extranjería (aprobada a finales de 2009) y la de seguridad ciudadana, de 1992, más conocida como la ley Corcuera.

El ministerio dice que la ley permite las "detenciones preventivas"

De hecho, a última tarde de ayer, la propia Dirección General de la Policía emitía una nota con "aclaraciones" sobre la circular, en la que incidía en los mismos puntos. No obstante, estas mismas fuentes reconocieron ayer que el propio ministro del Interior y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no tuvieron conocimiento de la misma hasta que su existencia saltó a los medios de comunicación.

"Se ha estudiado con detalle y no hay nada irregular en la misma. Las detenciones preventivas se aplican tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros. La ley de seguridad ciudadana lo permite desde 1992 y nadie se ha quejado hasta ahora", reiteró.

Recurso en los tribunales

Asegura, además, que la circular no se separa ni "un milímetro" de la ley

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) mostraron ayer su rechazo a la circular. El SUP insistió en que el texto no se ajusta a derecho y que, por lo tanto, lo recurrirá ante los tribunales. "Trata a los inmigrantes como delincuentes", criticó la organización en un comunicado.

El CEP estudiará la citada circular 1/2010 antes de decidir si la recurre. Esta agrupación criticó la orden porque "empuja el trabajo de la policía hacia un escenario de inseguridad jurídica muy peligroso", y pidió a Interior que tenga en cuenta la opinión del Consejo General de la Abogacía Española, contrario al texto.

Varias asociaciones de inmigrantes también solicitaron la retirada de la circular. Para la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine), el documento "legitima la detención por sospecha y vulnera la Constitución Española en cuanto al trato igualitario de todos los ciudadanos", según denunció su presidente, Víctor Sáez.

Ferine asegura que el Gobierno ha dado un giro a sus políticas de inmigración como consecuencia de la crisis. La circular es un "grave retroceso en las políticas de integración" que aumenta "la xenofobia y el racismo y no resuelve los problemas de fondo", concluyó Sáez.

Preguntas en el Congreso

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, anunció que pedirá al Ejecutivo que explique en el Congreso de los Diputados las razones que sustentan la ordenanza. Y lo hará por doble vía: en la Comisión de Interior, para que lo explique el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, y también como pregunta parlamentaria.

Además, Llamazares criticó al Gobierno por negar la existencia de redadas e insistió en el riesgo de relacionar "inmigración y delito".