Izquierda Unida ha considerado hoy que el indulto concedido por el Gobierno a Alfredo Sáenz es "un broche vergonzoso" al Ejecutivo de Zapatero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la medida, según la cual el consejero delegado del banco Santander seguirá cumpliendo los requisitos de "honorabilidad" que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero. Se le concede el indulto a la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, considera que la decisión del Consejo de Ministros en funciones de indultar al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, "es otra de las muchas genuflxiones" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la banca.

IU ha exigido al Gobierno y al Ministerio de Justicia que aclaren los motivos de esta decisión y al PP que "evite dar explicaciones peregrinas sobre este asunto" acerca de si estaba "realmente informado" de la decisión y la comparte.

Por su parte, el diputado electo por Asturias de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado en su cuenta de Twitter que la decisión supone la "traca final de Zapatero" y apunta directamente a un pacto "ultraliberal" entre PSOE y PP que culmina la "privatización" de las cajas de ahorro y el "golpe a la Constitución" tras la reforma de este verano.

"Responsabilidades políticas"

Desde las principales asociaciones de jueces han recordado este viernes que la concesión del indulto es una "medida unilateral" que puede aplicar el Gobierno y han emplazado a explicar los motivos por los que se ha conmutado la pena de prisión y la suspensión del ejercicio profesional por la multa al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz.

Jueces para la Democracia dice que el Gobierno deberá explicar las razones

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que la concesión del indulto a Sáenz debe contraer "responsabilidades políticas", por las que el Gobierno deberá explicar las razones que le han llevado a conmutar la pena de prisión y de inhabilitación por la multa máxima aplicable a este caso.

El portavoz, José Luis Ramírez, ha mostrado el desacuerdo de su asociación con la Ley de Indulto, que data de 1870 y otorga al Ejecutivo "una facultad que puede interferir" en decisiones ajustadas a Derecho. En su opinión, no parece "razonable" la concesión en el caso de Sáenz cuando en otros supuestos se otorga de manera "muy restrictiva".