Su segunda y última entrevista en la Moncloa fue el pasado 9 de febrero. Ayer Cayo Lara demandó al presidente del Gobierno un nuevo encuentro. Pero esta vez con unas características distintas: el coordinador federal de Izquierda Unida propuso a José Luis Rodríguez Zapatero una ronda con todos los partidos para acordar entre todos un "plan económico y social de urgencia" para frenar la sangría de la destrucción de empleo y detener las "amenazas" que se cernirán sobre la economía española hasta las próximas elecciones generales.

Lara encabezó su argumentación haciendo referencia a las cifras de paro de la Encuesta de Población Activa, conocidas horas antes de la rueda de prensa en la sede federal. Las 213.500 personas que engrosan las listas de desocupados y la tasa del 21,29% representan una "situación dramática", de "emergencia", que exige una respuesta conjunta. De ahí la idea del plan de diez medidas que IU quiere llevar a la mesa de negociación. Entre las iniciativas, el impulso de la economía real y el empleo; la prohibición de autorizar ERE para empresas con beneficios; la defensa de los servicios públicos; la reforma fiscal progresiva; la creación de un stock de vivienda pública de alquiler; el veto de los desahucios y la "prevención" de ataques a la deuda soberana.

También incluyó la lucha contra el fraude fiscal. No como ha planteado el Gobierno la guerra contra la economía sumergida, una mera "operación de marketing", dijo.

"No estamos libres de amenazas", arguyó el secretario de Economía, José Antonio García Rubio, quien reiteró que "no hay justificación para que España sea rescatada" por la UE. Pero tampoco había razones para intervenir Grecia, Irlanda y Portugal, avisó.

Ya más en clave electoral, Lara se refirió al caso Mercasevilla, por el que está imputado el cabeza de lista de IU por Sevilla y actual primer teniente de alcalde de la ciudad, Antonio Rodrigo Torrijos. El coordinador no cedió un ápice en su apoyo al edil: "Estamos aplicando el código ético de IU. Y hasta ahora, con los documentos que tenemos en la mano, [Torrijos] no viola el artículo 8" del decálogo federal. Ese texto impone la dimisión cautelar de todos los cargos y candidatos que se hallen "imputados y procesados" por delitos de corrupción política y urbanística.

La ejecutiva federal abordó este asunto el martes. Y, según algunos de sus asistentes, fue "tensa", ya que los seis miembros de IU Abierta el sector afín a Gaspar Llamazares insistieron en pedir la marcha de Torrijos por "coherencia" con la práctica política de la federación.