Los dueños de la panificadora en la que un inmigrante boliviano perdió un brazo a causa de un accidente laboral quedaron ayer en libertad sin cargos tras declarar durante más de cuatro horas en un juzgado de Gandía. El juez consideró que no hay riesgo de fuga, aunque sí les impuso la obligación de acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Los empresarios son de momento sospechosos de un delito de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

El juez desoyó las peticiones de la Fiscalía que, tras escuchar el testimonio de los empresarios, pidió prisión provisional para los dos hermanos, Javier y Raúl Rovira, sólo eludible con el pago de sendas fianzas de 100.000 euros. El representante del sindicato UGT personado en el proceso como acusación popular se sumó a esta petición.

Los empresarios reconocieron que no había medidas de seguridad

Los hermanos Rovira reconocieron ante el juez que el inmigrante boliviano herido, Franns Melgar, trabajaba sin papeles en la panificadora, al igual que otras seis personas, según narró a la salida del juzgado Carlos Calero, de UGT. También admitieron las graves deficiencias en materia de seguridad de la fábrica, que ya habían sido señaladas por la Inspección de Trabajo.

Los patrones culparon a los empleados de haber manipulado las máquinas y aseguraron que ellos nunca iban a la empresa. Explicaron que los trabajadores iban a trabajar solos porque tenían una llave. 'No saben nada, no reconocen nada', resumió Calero.

Javier y Raúl Rovira reconocieron además que recogieron el brazo de Franns Melgar de la máquina amasadora que lo había amputado y lo tiraron a la basura, según UGT. 'Estaba totalmente destrozado', argumentó el letrado de los empresarios. El miembro fue horas después hallado y transportado al hospital por la Guardia Civil, pero los médicos no pudieron reimplantarlo.

Tiraron el brazo a la basura porque estaba «destrozado», según su abogado

Los dos empresarios se enfrentaron también a preguntas sobre su comportamiento en los minutos posteriores al accidente. El trabajador asegura que fue abandonado a decenas de metros de la puerta del Hospital, lo que, de demostrarse, podría suponer un delito de omisión de socorro. Los empresarios admitieron que dejaron a Melgar a una distancia 'prudencial' del hospital y se marcharon, según la narración del representante de UGT. El abogado de los empresarios acusó a UGT de 'mentir' y afirmó que sus defendidos entraron con el inmigrante en el hospital e incluso uno de ellos fue atendido por una crisis de ansiedad. El letrado aseguró que dispone de pruebas y testimonios que avalan la versión de los Rovira. El fiscal consideró que los hermanos no deben ser imputados por omisión de deber de socorro porque no hay pruebas suficientes.