Juicio al terror de Canal 9

VALENCIA.- “Estoy en política para forrarme”. No fue Eduardo Zaplana, sino el entonces presidente provincial del PP valenciano, Vicente Sanz, el que pronunció aquella frase que pasó a la memoria colectiva erróneamente atribuida. Pero aquel episodio quedó en vergonzante anécdota cuando el posteriormente erigido como secretario general de Radiotelevisión Valenciana y jefe de Recursos Humanos del ente fue acusado por tres trabajadoras de acoso sexual en 2010. Una acusación, a la que el juez ha sumado la de abuso sexual, por la que este martes se sentará en el banquillo, al observar el instructor que el acusado actuó prevaliéndose de su situación de superioridad y “doblegando” la voluntad de las denunciantes.

Sanz, que en 1994 se había visto obligado a dejar su cargo en el PP al saltar a la luz la célebre grabación del caso Naseiro (precuela del actual caso Gürtel, sobreseído en su día al invalidarse las escuchas que desataron la investigación), fue, sin embargo, rápidamente recompensado por su otrora pupilo. Así fue como en 1995, con Zaplana ya de presidente de la Generalitat valenciana, el político cartaginés lo colocó de responsable de personal en RTVV, puesto del que ya nadie le movería en quince años, durante los cuales tuvo a su cargo una plantilla que acabó engordándose hasta casi 1.700 empleados. Solo cuando se hicieron públicas las denuncias de las periodistas, Sanz se marchó del ente sin ninguna investigación interna.

Nadie podía acceder a trabajar en Canal 9 sin su beneplácito y, sobre esa posición de poder, Sanz cometió los presuntos delitos por los que hoy comienza a juzgársele. Al menos así lo cree el juez instructor, que estima que Sanz se valió de su cargo para "solicitar favores de naturaleza sexual" utilizando “constantes amenazas” y “promesas laborales”, y creando en las tres trabajadoras "una situación gravemente intimidatoria y humillante".

El auto del procesamiento recoge un serial de detalles de contenido sexual explícito. Durante la instrucción las presuntas víctimas relataron al juez episodios en los que el acusado se masturbaba delante de ellas y les obligaba a “recoger el semen”; las encerraba en su despacho, corría el pestillo, y les pedía que le enseñaran la ropa interior o les exigía que se tocaran delante de él; les hacía que le enviaran fotos íntimas; o les tocaba “los genitales”, entre otras vejaciones. Y todo mientras —según su relato— les llamaba constantemente o les enviaba insistentes SMS cuando estaban fuera de su alcance con el fin de tenerlas controladas, llegando a organizar ficticias comidas de trabajo con el pretexto de verlas e, incluso, invitándolas a su apartamento de la playa.

Por el contrario, durante la instrucción Sanz defendió haber mantenido "relaciones sexuales completas” con las denunciantes, aunque aseguró que fueron consentidas. Pero la Fiscalía pide para él veinte años y nueve meses de prisión e indemnizar a las periodistas.

El exdirector general de RTVV, José López Jaraba, y Lola Johnson, exdirectora de Canal 9, que fue además portavoz del Consell con Francisco Camps y Alberto Fabra, declararán como testigos en el juicio. Jaraba y Johnson están a su vez imputados en otra causa que investiga el presunto saqueo de fondos de la radiotelevisión pública.

Sanz está también imputado en el caso Gürtel, por la pieza de las presuntas irregularidades en las contrataciones de Canal 9 para la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006, con las que la investigación sospecha que se pudo financiar ilegalmente el PP. Sanz debía declarar por este asunto también esta semana, una cita que el juez de Gürtel en Valencia ha debido posponer ante la imposibilidad de que el acusado esté en dos banquillos a la vez.