La Junta calcula que el fraude en los ERE ronda los 9,5 millones

El Gobierno andaluz calcula que el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta, que investiga la Justicia, ronda los 9,5 millones de euros. Una cantidad ligeramente inferior a esta es la que habrían cobrado ya los falsos prejubilados detectados hasta ahora, según fuentes del Ejecutivo. La Consejería de Empleo tiene ultimados los datos definitivos de la investigación interna que abrió el 17 de noviembre pasado. Hasta ahora ha informado de que los funcionarios, tras rastrear 5.273 nombres, habían detectado 146 irregularidades en 32 ERE, la mitad de los 64 que habían revisado.

La Junta consideró entonces que 59 personas están en una situación injustificable, mientras que otras 87 podrían explicar su inclusión en los ERE al haber tenido alguna vinculación, aunque fuera remota, con la empresa acogida al expediente. El Gobierno califica estos casos de "discrepancias administrativas". Hoy tienen previsto revelar el resultado del rastreo de otros cuatro expedientes y 290 nombres más. Las fuentes consultadas afirman que la cifra de intrusos superará los 60. De lo que estas personas han cobrado ya sale la cifra que superará los nueve millones de euros, a una media de 160.000 euros por falso prejubilado.

Más de 60 intrusos han cobrado una media de 160.000 euros

Fue ayer por la mañana el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien en una entrevista en Radio Nacional de España tachó de "exageraciones" las afirmaciones de diversos dirigentes conservadores de que 700 millones se habían destinado a expedientes fraudulentos y agregó que la cantidad final no superaría el 2% de esa cifra. Posteriormente, en rueda de prensa, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, precisó que "el PP intenta acuñar la idea de los 600 o 700 millones, pero eso no tiene nada que ver con el 1% o el 1 y pico por ciento de esos 700 millones".

"Ese fraude es el que hemos puesto en conocimiento de la Justicia", agregó el presidente Griñán. "El PP sólo persigue fijar una cantidad y va contra el derecho de casi 6.000 trabajadores honestos que nada tienen que ver con las irregularidades. El PP no tiene el menor reparo en sembrar la inquietud o la desconfianza entre esos miles de trabajadores, con tal de acuñar esa cifra voluminosa. Es lo que viene haciendo desde el minuto 1", remachó la consejera Moreno.

"Ese fraude es el que hemos llevado a la Justicia", dice el presidente andaluz

Hasta el momento en el caso están implicados presuntamente 13 socialistas, de los que 11 ya no tienen militancia. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010), imputado por la jueza Mercedes Alaya, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez (2008-2010) aún conservan el carné.

Los falsos prejubilados fueron supuestamente colocados en ERE entre 2001 y 2010. Este periodo abarca la gestión de dos consejeros, José Antonio Viera (2000-2004), hoy secretario general del PSOE de Sevilla, y Fernández, ahora presidente del consejo regulador de los vinos de Jerez, y otros dos directores generales, Javier Guerrero (1999-2008) y Márquez. Estos dispusieron en esa etapa de 700 millones presupuestados para resolver crisis empresariales, un fondo cuyo sistema de reparto cuestionan la Policía y el juzgado y sobre el que el Defensor del Pueblo ha abierto también una investigación. Entre los intrusos descubiertos hasta ahora están la suegra de Guerrero y dos cuñados del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

Javier Arenas, presidente del PP andaluz, que ha presentado una querella por este caso, anunció ayer que va a remitir un escrito al Tribunal de Cuentas para que determine "si es o no correcto" que en los últimos años se haya producido en la Consejería de Empleo un desfase presupuestario de más de 170 millones.