La Junta crea un dispositivo especial para atender a la jueza de los ERE

El Ejecutivo andaluz se mordió ayer la lengua y replicó con serenidad a la petición de la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, de que se le entreguen todas las actas de los 480 consejos de Gobierno habidos en Andalucía desde el año 2001. Ante la ingente cantidad de documentos que le ha solicitado en dos autos recientes la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, el Gobierno andaluz ha decidido crear un dispositivo especial que coordine el envío de los papeles al juzgado.

María del Mar Moreno, consejera de Presidencia, manifestó ayer que estará coordinado por su viceconsejero, Antonio Lozano y contará con todo el personal que sea necesario para que la magistrada reciba toda la documentación que requiera. "[El dispositivo] estará dirigido a atender al juzgado número 6", el de Alaya, dijo Moreno. "No tenemos nada más que pensar respondió la consejera a la pregunta de si creía que Alaya había abierto una causa general contra la Junta que se persigue un presunto fraude en los ERE ni vamos a cuestionar las apreciaciones de la jueza. Tenemos el mismo objetivo que ella, perseguir a los aprovechados y a los culpables. Vamos a colaborar con el juzgado".

«No tenemos más que pensar que se persigue un fraude», dice Mar Moreno

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ya había manifestado poco antes que si la jueza había apreciado "en algún caso" falta de colaboración de la Junta de Andalucía esta "se subsanaría inmediatamente". Griñán defendió así la estrategia que ha marcado en respuesta al escándalo de los ERE y que ayer quedó tocada: colaboración con la Justicia.

Alaya solicitó en los autos, en los que reprochó al Ejecutivo "falta de colaboración", además de las copias de todas las actas de los consejos de Gobierno, que los interventores de la Junta expliquen a la Policía su actuación y por qué no se paralizó el procedimiento utilizado, que vulneraba la Ley de Hacienda Pública. La Intervención criticó con extrema dureza desde el año 2005 el sistema de reparto de los fondos para ERE montado en 2001. Alaya también reclamó los organigramas de las consejerías de Presidencia, Hacienda, Empleo e Innovación y las actas de los consejos de dirección de estas consejerías. Según fuentes de la Junta, estos consejos se suelen celebrar uno cada mes, aunque no tienen una fecha fija y de ellos no se levanta acta, por lo que esta petición de Alaya no se va a poder cumplir.

«Cualquier falta de colaboración será subsanada», afirma el presidente Griñán

Moreno recordó que el Gobierno ya ha enviado 25.000 documentos al juzgado, algunos solicitados por la jueza y otros por iniciativa propia. Sólo dos dirigentes socialistas deslizaron una ligera crítica a la magistrada. El expresidente Manuel Chaves manifestó que tiene "un gran respeto" hacia todas las decisiones judiciales, "incluida esta", pero agregó que no sabía "si (a la jueza le) habrá dado tiempo de leer los 25.000 folios a lo largo de este tiempo". Y el consejero de Empleo, Manuel Recio dijo: "Posiblemente, si la jueza mira toda la documentación llegará a la misma conclusión a la que han llegado los grupos de investigación formados por funcionarios de la Junta de Andalucía". La jueza discrepa de las cifras de falsos prejubilados aportadas por la Junta y considera que hay más de los 183 detectados y enviados al juzgado por la administración.

El PP, que estaría encantado de que la Junta arremetiese contra la jueza, saltó como un resorte ante el desliz. Rosario Soto, su portavoz, criticó que Recio "ponga en duda" que la magistrada se lea toda la información que le ha remitido el Gobierno. "De quien sí dudamos es del Gobierno y de la documentación que ha enviado", agregó Soto. La respuesta del Ejecutivo de Griñán al caso, evitando cargar contra la Policía y la Justicia y mentar una persecución, lo que sería un error, porque el caso es sólido, les puede diferenciar del PP y permitirles acumular un capital político y ético a su favor si logran ser creíbles, analizan fuentes del PSOE.

Al hilo de los autos de la jueza, Javier Arenas, presidente del PP, acusó al PSOE de crear una "segunda trama" para "impedir" una investigación judicial y parlamentaria "a fondo" sobre las irregularidades. Y Diego Valderas, coordinador de IU, argumentó que lo que pone de manifiesto la juez al reclamar mayor información "es lo mismo que le ocurre a las fuerzas políticas". "Seguimos sin recibir la documentación que pedimos hace un mes a Empleo mientras el consejero hace de friki por ahí con su facebook", remachó Valderas.