La consejera andaluza de Presidencia, María del Mar Moreno, confirmó ayer que la Consejería de Empleo pagó los servicios del jurista Manuel Olivencia, suegro del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, con cargo a la partida 31L, la destinada al abono de prejubilaciones, cuyo uso investiga ahora la Justicia. Moreno defendió que los pagos, de 120.000 euros por asesorar en 2001 a la empresa pública Santana Motor, según publicó el diario El País, fueron perfectamente legales.

"Defiendo la legalidad de la partida y de los pagos. Es el PP el que descalifica el conjunto de esas partidas. El calificativo de ilegal lo ha puesto el PP y el señor Arenas", dijo Moreno. Previamente, había manifestado, siguiendo el argumentario que esgrime el Gobierno desde que se destapó el escándalo de los falsos prejubilados, que el 99% de las ayudas fueron legales. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, había manifestado: "Sabemos que todas las personas beneficiadas son del PSOE".

Arenas fue preguntado por este asunto en Almería y respondió con un escueto: "El bufete de abogados al que se refiere ya responderá al medio al que usted se refiere", informa Miguel Ángel Criado. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, tachó la información de "manipulación extraordinaria" y agregó: "No hay un solo bufete que pregunte a una Administración con cargo a qué partida va a cobrar".