La Junta y la jueza de los ERE entran en rumbo de colisión

El Ejecutivo que preside José Antonio Griñán expondrá hoy directamente a la jueza Mercedes Alaya su decisión de no entregarle las 480 actas del Consejo de Gobierno desde 2001, informaron fuentes de la Junta. "Si este lunes la jueza insiste en reclamar todas las actas, plantearemos que existe un conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial. Mantendremos el requerimiento de inhibición y que sea el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo el que resuelva", indican las fuentes. Con el Gobierno y la jueza en rumbo de colisión, el choque institucional será difícil de evitar.

Alaya ha pedido las actas a la Junta dos veces. Primero, en un auto del 21 de marzo, al que el Gobierno andaluz respondió el día 29 anunciando que no las entregaría al considerar que no existía razón legal. Luego, en un segundo auto, fechado el 30 de marzo, en el que Alaya no sólo reiteraba su petición, sino que afeaba su postura a la Junta.

El conflicto de legitimidades puede hacerse hoy evidente. El letrado de la Junta está convocado a las 13.30 horas en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla por Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero público, para que aclare si la Junta mantiene su decisión de no entregarle las actas por considerar que la petición no está motivada, viola la privacidad del Gobierno y es imprecisa e inabarcable. La respuesta de la Junta será reafirmarse en su negativa y ofrecer alternativa. Concretamente, que la jueza precise qué acuerdos concretos necesita para su investigación.

La Junta mantiene la confianza en que exista un margen para el entendimiento con la jueza, asentado sobre las acotaciones introducidas en su auto del día 30. Por ejemplo, la resolución dice: "Ni los documentos, ni las deliberaciones o votaciones interesan a la investigación". Y también: "No está en el ánimo de esta instructora obligar [...] a desvelar extremos que sean materia reservada".

Alaya quiere las actas desde 2001 porque es cuando se firmó el acuerdo con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que dio cobertura jurídica al reparto del fondo de 647 millones de euros bajo sospecha. La jueza quiere saber si el Gobierno andaluz utilizó el fondo para pagar ERE sabiendo que era fraudulento, lo que podría suponer un delito de prevaricación.

Susana Díaz, número dos del PSOE-A, dijo este domingo que "nadie puede cuestionar que la Junta está colaborando con la justicia", pero recordó que también exige que se cumplan "todos los principios de legalidad", informa Efe.

A las exigencias judiciales se sumarán esta semana, otra vez, las políticas. El consejero de Empleo, Manuel Recio, comparecerá el jueves en la Cámara para explicar las irregularidades en los ERE y en las ayudas europeas al empleo. Y el Parlamento instará el martes a la Cámara de Cuentas a fiscalizar las ayudas sociolaborales de la Junta de 2001 a 2010.

"Aquí las autoridades no utilizan el dinero público para su beneficio"

Javier Arenas, jefe del PP andaluz, reclamó este domingo a José Antonio Griñán que dé a la jueza Mercedes Alaya "todo lo que le pide". "No le solicita deliberaciones secretas ni materias reservadas", dijo. Y luego añadió: "Deje de enfrentarse a la jueza y abandone esta guerra y además deje de hacerle trampas a la Administración de Justicia y al Parlamento andaluz".

Tras unos días de prudencia después del primer auto de Alaya pidiendo las actas, el PP parece decidido a explotar el flanco del conflicto con la jueza. Es un choque que incomoda al PSOE. Incluso ahora que hay una abierta discrepancia, Griñán y los suyos han extremado las precauciones para no criticar a Alaya, en la confianza de subrayar la diferencia con el PP. Susana Díaz, número dos del PSOE andaluz, volvió a insistir ayer en esta idea y dejó un recado al PP. "No vamos a permitir una caza contra los socialistas, ni que se manche el honor de muchos por parte de aquellos que atacan a la Justicia cuando les ataca a ellos y la jalean cuando le afecta a otros", dijo.

"Es de sinvergüenzas comparar este caso [ERE] con que el presidente de una comunidad monte una operación para llevarse un beneficio", dijo este domingo, en alusión al PP, el diputado socialista Alfonso Guerra, que defendió la reacción de la Junta. "Aquí las autoridades no utilizan el dinero público para su beneficio, por lo que es el caso contrario a Valencia, Madrid, Galicia o Castilla y León, donde sí son las autoridades las que hacen la operación para llevarse el dinero los propios dirigentes", añadió.

Por otra parte, el PP ha registrado en el Parlamento una batería de preguntas sobre el caso, entre ellas cuántos ERE muertos han recibido ayudas de la Junta.