El PP se mostró ayer unido en el desprecio a las multitudinarias protestas sociales contra los recortes que sus gobiernos autonómicos han practicado a la escuela pública. La presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, censuró a los profesores que hicieron huelga ayer en su comunidad: "Algunos tendrán que dar muchas explicaciones a los alumnos que hoy no están recibiendo clase". Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, acusó a los docentes de tener a los alumnos como "rehenes".

La huelga en Castilla-La Mancha, convocada por los sindicatos de izquierdas CCOO, UGT y STES, tuvo un seguimiento de más de la mitad de los 14.000 profesores de Secundaria, según la plataforma de docentes de esa comunidad. Las centrales que llamaron al paro alzaron al 64,3% el nivel de seguimiento y la Junta lo rebajó al 30,4%. Los sindicatos CSIF y ANPE, los mayoritarios, descartaron apoyar el paro, que no impidió un seguimiento del 80% en la provincia de Toledo, según los convocantes.

Los sindicatos elevaron al 80% el seguimiento del paro en Toledo

De un curso a otro, las plantillas de profesores en la escuela pública en Madrid y Castilla-La Mancha han descendido en más de 3.200 y 1.000 docentes, respectivamente, por la falta de contrataciones de personal interino. Sin embargo, los ejecutores de los recortes, los dos gobiernos conservadores, insisten en que sólo se ha pedido a los funcionarios un esfuerzo de dos horas lectivas más a la semana que compensa la falta de personal.

Las familias que apoyan la protesta niegan que sea una simple disputa laboral que cocierna sólo a los sindicatos de enseñanza. "Cambié a mi hijo al instituto Ramiro de Maeztu desde el de la Avenida de los Toreros porque habían quitado el desdoble en Física y Química y en Biología. Ahora estu-dia Biológicas en la Complutense y no quería que se perdiera esa formación", ejemplificó Carmen Monge, ataviada con una camiseta verde con el lema "Escuela pública de tod@s para tod@s", que también tiñó ayer las calles de las capitales manchegas.

"Soy madre soltera y he tenido que llevar a mi hijo de 4 años a un concertado que me cobra diez euros al mes en gastos extraescolares porque no había ningún público en todo mi distrito, el 28053 de Entrevías", lamentó Noelia Burobia. Esta madre de Vallecas apoya la huelga porque cree que no hay oferta suficiente de colegios públicos.

Madrid acusó a los profesores de tener a los alumnos de "rehenes"

Carmen Horta, profesora en Vallecas y madre de un alumno del IES bilingüe Ciudad de los Poetas percibe los recortes tanto en su centro de trabajo como en el que está escolarizado su hijo. "A los de mi centro que estudiaban Economía, les han puesto Latín porque falta profesor de esa optativa. Y en el instituto de mi hijo todos los fondos van al grupo bilingüe en detrimento del resto", explicaba ayer esta mujer.

Monge, Burobia y Horta acompañaron ayer a un centenar de profesores, padres y alumnos a la Asamblea de Madrid para entregar una carta que solicitó a la consejera Lucía Figar la retirada de las instruc-ciones que han dejado tiritando a los institutos públicos. "En este barrio, crearon antes el colegio concertado que el público. En el Gredos San Diego te cobran cien euros al mes en una cuota y en el Palomeras Vallecas, cuando estudiaba mi hija hace unos años, había un 50% de alumnos gitanos", explica Sonsoles Fernández, junto a su hijo de 3º de ESO, alumno del IES Madrid Sur, que secundó la huelga.

Mientras estas madres, junto a los profesores que acumulan hasta cinco días menos de sueldo (más de 500 euros), protestaban en la puerta de la Asamblea, en el interior del edificio se celebraba el debate de la comisión de Educación del parlamento madrileño. En línea con los manifestantes que estaban en la puerta de la asamblea, la diputada de IU Eulalia Vaquero (ataviada con camiseta verde), acusó al Gobierno de Esperanza Aguirre de seguir al dictado la política educativa que el director de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Jesús Núñez, marcó a Aguirre en una reunión del pasado junio.

Según Vaquero, esta entidad pidió a Aguirre "ampliar la deducción fiscal de los gastos de enseñanza" a las familias que llevan a sus hijos a la privada. El Gobierno del PP obedeció a esa petición que ACADE exige ahora al Govern de la Generalitat valenciana. "Los padres que llevan a sus hijos a un colegio privado están pagando el coste de la educación y están ahorrando al erario público esta plaza en un centro público o concertado", señaló el vicepresidente de ACADE en Valencia, Francisco Corbí. ACADE presiona al País Valencià argumentando que en Madrid ya se aplican estas deducciones.

La viceconsejera de Educación de Madrid, Carmen Pérez Llorca, defendió que las deducciones por gastos de escolaridad de colegios privados sólo ascienden al 12% del total de familias. El ministro de Fomento, José Blanco, dijo el viernes pasado que "no hay derecho" a que familias como la suya, que escolarizan a sus hijos en un colegio privado, se ahorren "900 euros" de esos gastos. El portavoz del PP en la comisión de Educación de la Asamblea, Juan van Halen, calificó la acusación de Vaquero de beneficio por parte de la Comunidad a las familias "pudientes" como "demagogia barata" y añadió: "A ver si es que el ministro José Blanco es un pudiente".