El primer capítulo del caso Mercasevilla de corrupción se produjo a principios de año en las gradas del estadio Ruiz de Lopera. Mientras el Betis se despeñaba a Segunda División, dos empresarios del grupo hostelero La Raza le indicaban a un alto cargo de Presidencia de la Junta de Andalucía que un directivo de Mercasevilla, mercado público para mayoristas, les había pedido 450.000 euros en comisiones ilegales que debían dejar en el interior de un maletín olvidado en un lugar acordado previamente. Negociaban la instalación de una Escuela de Hostelería, subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo, en los terrenos de la empresa municipal.

Entre los gritos de los aficionados, recibieron un consejo: grábalos y nos traes las cintas. Los emprendedores, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, apretaron el botón de la grabadora. Concertaron otra reunión en la que, poco a poco, Fernando Mellet y Daniel Ponce, directivos de Mercasevilla, en actitud mafiosa, fueron pidiendo: “El funcionamiento es muy simple: yo colaboro con quienes colaboran. De todas las subvenciones hay que destinar una parte a donde la Junta en cada momento nos dice. Que es para niños saharauis, me lo tengo que creer, luego será para carteles de Felipe González”.

Los empresarios se hacen los sorprendidos, dejan que Mellet y Ponce se enfanguen e intentan saber si los políticos responsables de Mercasevilla, de PSOE e IU, están implicados. Mellet y Ponce cierran esa puerta. “Es que no te vas a enterar. Ni tú ni... en ese trapo no vamos a entrar”. Existe una reunión posterior, también grabada, en la que, según distintas fuentes, Mellet y Ponce no se refieren a la mordida. Alguien les había avisado ya.

Las cintas acabaron en febrero en la Fiscalía, entregadas por la Consejería de Empleo, tras las gestiones de Presidencia. Mellet fue destituido en secreto por el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) antes de que el asunto explotara. Sin embargo, Ponce fue despedido en septiembre, seis meses después del escándalo, lo que permitió que sus faltas laborales prescribieran y a su abogado la posibilidad de alcanzarun acuerdo económico.

52 millones bajo sospecha

El segundo capítulo comienza en la sede del PP. En abril, Juan Ignacio Zoido, candidato conservador a la Alcaldía y ex juez decano de Sevilla, decide darle un impulso al asunto. Lo lleva al juzgado de guardia y el caso pasa de la Fiscalía a manos de Mercedes Ayala, una jueza que, según distintas fuentes, es una hormiguita, de trabajo constante, e independiente. La magistrada pide informes y descubre una venta que le llama poderosamente la atención. Los terrenos donde se ubica Mercasevilla son muy golosos, están en plena zona de expansión de Sevilla, rodeados por un centro comercial y la SE-30, pero les ahogan. Deciden en 2005 venderlos y cambiar de sede. Los tasan en 105 millones.

Se elaboran los pliegos del concurso, habituales en su primera redacción. Sin embargo, tras pasar por el Ayuntamiento de Sevilla fueron modificados para garantizar que la constructora malagueña Sando se hiciera con los terrenos, según se desprende de la instrucción judicial.

La jueza trata de establecer quién en el consistorio ordenó los cambios. Esta empresa hizo donaciones por valor de 246.000 euros tras ganar el concurso y había pagado casi 60.000 euros por mes a Mercasevilla por un supuesto derecho sobre los terrenos que no existía, al no estar entonces registrado. Al concurso se presentaron ocho empresas. Una de ellas, la granadina Noga, ofreció 158 millones. Sin embargo, la oferta de Sando, ganadora, era de 106. Un regalo de 52 millones que la jueza no se explica.

Comisiones en el ERE

El tercer capítulo del caso está por llegar. Se refiere a los cargos políticos, cinco del PSOE y uno de IU que la Fiscalía tiene en su punto de mira. El conservador Esteban González-Pons consideró que Mercasevilla demostraría la financiación ilegal del PSOE en Sevilla. De momento, la jueza sólo tiene imputado a Antonio Rivas, delegado de Empleo de la Junta, implicado por Mellet. Sin embargo, mientras este y Ponce fueron expulsados del PSOE, Rivas sigue en el puesto.

Las grabaciones destaparon la tela de corrupción. Una auditoría, encargada tras el escándalo, desveló el descontrol absoluto en las cuentas, que se resume en un agujero de un millón de euros. Además, destapó el tren de vida de Ponce y Mellet. Este, con la VISA que manejaba por su cargo, gastaba sin rubor: al menos 30.272 euros están sin justificar. Y aquél viajaba a todo trapo: dos veces a Vietnam: 33.321 euros.

La auditoría también revela los manejos en la contratación de trabajadores. “Yo pago una comisión por conseguir un ERE”, dice Mellet en la grabación. La Junta aprobó un Expediente de Regulación de Empleo para Mercasevilla en 2003, que fue continuado en 2007. Se despidió a 74 trabajadores, pero luego se contrataron 66. ¿Era necesario entonces?