Los monzones amenazan los campos de refugiados tamiles

Primero, sobrevivir a una guerra; después, no saber cuándo te dejarán marchar de un campo de desplazados rodeado de una alambrada de espinos. Cuatro meses después del fin de la guerra entre el Gobierno ceilandés y los Tigres Tamiles, casi 300.000 personas continúan encerradas en los campos para desplazados, en el norte y este de Sri Lanka contra toda normativa internacional.

De poco han servido las quejas de organismos internacionales sobre su situación. El Gobierno no sólo las desoye, sino que toma represalias contra las voces críticas. La semana pasada expulsó al representante de UNICEF en el país, al que acusa de haber criticado el trato que recibe la gente que malvive en los campos. Ahora, los desplazados se enfrentan a una nueva amenaza: las lluvias torrenciales del monzón.

Las fuertes lluvias que cayeron durante dos días en agosto inundaron Menik Farm, la zona que acoge al grueso de los desplazados, cerca de la localidad septentrional de Vavuniya. Con la llegada del monzón a mitad de septiembre, se teme una nueva crisis humanitaria para quienes lograron escapar vivos de la ofensiva final de una guerra civil que duró 26 años. Miles de civiles atrapados en una franja costera junto con los Tigres Tamiles murieron durante los bombardeos del Ejército.

"Si sólo varias horas de lluvia pueden causar este caos, imagina qué podría ocurrir con un monzón (tres meses de lluvia constante)", señala el portavoz de Oxfam en el país, David White. Las dos jornadas de lluvias causaron cinco muertos. Además, algunas zonas continúan empantanadas, muchas letrinas están inundadas y hasta 2.000 tiendas de campaña quedaron destruidas.

Los ex guerrilleros en programas de rehabilitación viven mejor que los civiles

Menik Farm se convirtió súbitamente tras la derrota de los Tigres en la segunda ciudad más poblada de Sri Lanka. Lo que antes era jungla se transformó en un campo de hacinados desplazados tamiles.

El suelo, aún muy poroso, es incapaz de soportar el peso de camiones que transportan ropa y alimentos tras las lluvias. Estudios de organizaciones humanitarias señalan que casi la mitad de Menik Farm se inundará de cualquier modo y será imposible crear un sistema de drenaje apropiado.

"Esta situación es sencillamente insostenible", afirma una cooperante que prefiere mantenerse en el anonimato. "Esto tendría una fácil solución si permitieran libertad de movimiento. La mayoría podría vivir con su familia de forma temporal o trabajar para pagarse un hotel. Además, se trata de una carga económica imposible de asumir para la comunidad internacional y el Gobierno ceilandés", añade.

Desde las ONG se denuncia que el retorno del 80% de la población de los campos antes de final de año, como prometió el Gobierno, es un proyecto irrealizable y menos aún en temporada de lluvias. Es necesario desminar y reconstruir una vasta zona del norte del país y los cálculos más realistas hablan de dos a tres años.

"En los campos hay un sistema de intimidación mafiosa"

"El problema no es el tiempo de retorno, sino la falta de libertad de movimiento de los tamiles en los campos", explica la cooperante. También el acceso. Las ONG se enfrentan diariamente a obstáculos aleatorios a la hora de trabajar. Los periodistas tienen prohibida la entrada a los campos.

El Gobierno ceilandés alega que se está llevando a cabo un proceso, llamado screening, para localizar a los guerrilleros que pudieron huir con los civiles tras el fin de la guerra. Pero las organizaciones humanitarias consideran que el procedimiento no está siendo ni sistemático ni transparente.

"Prácticamente la única manera para salir de los campos es ser un ex combatiente. Unos 10.000 antiguos guerrilleros y unos 500 niños soldado han sido desplazados a antiguas escuelas de Vavuniya para someterse a un programa de rehabilitación, y se encuentran en mejores condiciones que los civiles. Pero a pesar de haber localizado a tantos combatientes, casi nadie ha logrado salir de los campos", señala otra fuente humanitaria.

Por el momento, sólo unas 4.500 personas han sido puestas en libertad, en su mayoría ancianos y discapacitados. No hay un censo, por tanto no se sabe cuántos mueren o qué tipo de abusos se producen. "Dentro de los campos hay un sistema de intimidación mafiosa", explica un cooperante. Muchas familias continúan separadas en diferentes zonas, hay informes de violaciones a mujeres a cambio de comida u otros servicios y palizas a quienes se atrevan a hablar con miembros de las ONG.