Moody's ha sido la primera agencia de calificación de riesgos en rebajar la nota de la deuda pública portuguesa al nivel de bono basura. La entidad ha reducido de golpe su valoración en cuatro escalones, desde Baa1 (nivel de "inversión") hasta Ba2 (equivalente a "basura"). Además, le otorga perspectiva "negativa", con lo que puede haber más rebajas en breve.

Los principales motivos, según la agencia, son el "riesgo creciente" de que Portugal necesite un segundo rescate antes de poder financiarse con normalidad en los mercados; que no pueda reducir su déficit público este año al 5,9%, como ha prometido (actualmente, está en el 8,7%) y que los bancos privados tengan que involucrarse en la refinanciación del país, como ha ocurrido en el caso de Grecia.

El Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho, que entró en funciones la semana pasada tras la derrota de los socialistas en las elecciones de junio, se quejó de que Moody's ha obviado el impuesto extraordinario sobre el 50% de la paga de Navidad que se anunció la semana pasada, con el que el Gobierno prevé recaudar 800 millones.

Lisboa elimina la ‘acción de oro’ que aún conservaba en varias empresas

Antes de que se conociera la decisión de la agencia, el Gobierno anunció la eliminación de las acciones de oro estatales en grandes empresas nacionales, como Galp, EDP o Portugal Telecom, que mediante derechos especiales le permitían controlar sus principales decisiones. Lisboa, que ha adoptado la decisión de acuerdo con el programa de recortes suscrito en abril con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha recibido hasta ahora tres condenas del Tribunal de Justicia de la UE (tiene un cuarto proceso aún abierto) por mantener este mecanismo proteccionista, que España suprimió en 2006.

Por otro lado, el Gobierno francés anunció un endurecimiento del recorte de pensiones aprobado el año pasado. Cuando el proyecto de ley final preveía, de forma muy progresiva hasta 2016 y 2023, elevar la edad legal de la pensión de 60 a 62 años, y alargar las cotizaciones obligatorias, de 40 a 41,5 años, el Ejecutivo impuso nuevos topes desde ya para ciertas generaciones.

París endurece la reforma que aprobó el año pasado con gran rechazo social

El ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, dijo que va a firmar de forma inminente el decreto que impondrá desde ya, para las generaciones nacidas después de 1955, que la edad legal para cobrar el 100% de la pensión de base sean 62 años y no 60, y que para tener ese 100% haya que haber cotizado 41,5 años, y no 40.

La ley aprobada en otoño pasado, tras un octubre de huelgas, preveía que la edad legal subiera un trimestre por año, hasta alcanzar los 62 en 2016, y que la elevación de períodos de cotización también sería muy progresiva, hasta 2023. Sarkozy intenta, con esta medida, borrar la imagen de blando que dejó tras el conflicto de las pensiones del año pasado, sobre todo tras haber cedido en el pulso contra el sistema de pensiones de los ferroviarios, en otoño de 2007.

Los sindicatos denunciaron "un nuevo golpe bajo que provocará un descenso general de las pensiones que cobrarán los futuros jubilados". Actualmente, la duración de la cotización es de 40 años y tres trimestres para la generación de 1951 y pasará a 41 años en 2012 para la generación de 1952.