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Movilizaciones en toda España contra el 'hachazo'

Centenares de funcionarios se concentran frente a sus lugares de trabajo. Los trabajadores del Ministerio de Industria cortan la Castellana.

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Varios cientos de funcionarios se han concentrado hoy en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para protestar contra las medidas del Gobierno anunciadas para la función pública que, según consideran, criminalizan a los empleados públicos. Las federaciones de servicios públicos de CCOO y UGT y el sindicato de funcionarios CSI-F han convocado paros parciales este viernes en todos los centros de trabajo con empleados públicos a nivel estatal.

Las protestas se alargaron más allá de las 11 de la mañana, cuando de forma espontánea la multitud se desplazó por varias de zonas de Madrid protagonizando cortes de tráfico y levantando a su paso más simpatías que críticas. El Paseo de la Castellana (a la altura de Nuevos Ministerios), el Paseo del Prado (frente al Ministerio de Sanidad) o la calle Génova (frente a la sede del PP) fueron algunas de las zonas afectadas por la marea.

El malestar social llegó también al Congreso e incluso al palacio de la Moncloa, donde varios trabajadores de Presidencia increparon al Gobierno, que se encontraba en esos momentos celebrando el Consejo de Ministros. Esta tarde, además, los funcionarios recibirán el apoyo del 15-M, que se ha movilizado en varias ciudades para protestar frente a las sedes de los partidos políticos.

Previamente, en Sol, trabajadores de los departamentos de Hacienda, Defensa, Seguridad Social o Economía silbaron y pitaron contra lo que califican de 'atraco' por parte del Gobierno. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, denunció que los 'recortes' se han impuesto con absoluto desprecio a la negociación colectiva y que, además, son el 'chocolate del loro' comparados con la deuda española.

Los sindicatos barajan medidas jurídicas contra los recortes de Rajoy

Fossoul también aseguró que los sindicatos barajan medidas jurídicas, como recursos de inconstitucionalidad, intervenciones parlamentarias a través de los grupos que les escuchen y medidas de fuerza como paros parciales y paros generales 'si fuera necesario'. 'Los empleados públicos hemos demostrado repetidas veces nuestra responsabilidad con situaciones de crisis rebajándonos los salarios y aceptando congelaciones, pero siempre que sean negociadas', ha manifestado.

El vicepresidente nacional del sindicato de funcionarios CSI-F, Pepe Navarro, aventuró que hoy sería un viernes 'dolorosísimo' porque el Consejo de Ministros tenía el objetivo de aprobar unas medidas que cree 'injustas' e ineficaces para solucionar los problemas. 'El Consejo de Ministros va a aprobar que los empleados públicos somos los culpables del déficit y ya está bien que siempre seamos nosotros los que tengamos la culpa del déficit y lo malo de este país', zanjó. Con estas concentraciones, según Navarro, los funcionarios pretenden hacer llegar al Ejecutivo el 'mensaje nítido' de que si se aprueban las medidas no se podrán prestar los servicios públicos y se empobrecerá el país.

'Ya nos hemos rebajado el salario y aceptado congelaciones', dicen los funcionarios  Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Rafael Espartero, indicó que las medidas cuestionan el poder adquisitivo de los empleados públicos y ponen en peligro el funcionamiento de los servicios públicos.

En la concentración también había miembros de la Confederación Española de Policía (CEP), que protestaban contra los recortes que afectan a ese colectivo, que 'no tiene derecho a huelga'. 'Somos un colectivo muy singular, nos tienen recortados los derechos y lo único que nos queda es concentrarnos cuando podemos y manifestar nuestro malestar', aseguró el secretario de Acción Sindical de CEP, Jesús García Pinedo.

Madrid protagonizó el inicio de las protestas, pero el resto del país no tardó en responder frente a los ataques del Gobierno. Así, en Catalunya, los trabajadores de la administración han realizado paros parciales en centros de trabajo como la Generalitat o los hospitales y delegaciones del Estado.

Mientras, en Zaragoza los empleados de la Universidad y de los hospitales Clínico y Miguel Servet, vestidos con batas blancas, han cortado algunas de las principales calles de la capital aragonesa. En Andalucía, los empleados públicos también han realizado una jornada de 'brazos caídos' para responder a quienes les acusan de 'cafeteros, leedores de periódicos y paseantes'.

Asimismo, en las Palmas de Gran Canaria, algunos funcionarios vestían camisetas negras, el mismo atuendo que llevaban los manifestantes ovetenses, que siguiendo una convocatoria de las redes sociales han optado por marchar de forma espontánea por las calles de Oviedo. Similares escenas han tenido lugar en ciudades como Valladolid, Murcia, Mérida o Valencia, donde la concentración ha tenido lugar frente a la sede de la Ciudad de la Justicia.

Estas protestas se sumana a las de ayer de unos 200 funcionarios de Justicia, en su mayoría trabajadores de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se concentraron ante la madrileña sede del PP para protestar por los recortes. A ese mismo lugar se trasladaron también cientos de bomberos y policías que, vestidos de paisano, protagonizaron una nueva protesta, por la tarde, frente al Congreso de los Diputados. Después, cortaron el Paseo de la Castellana y, desde ahí, la nueva marea se dirigió a Génova.

El sindicato mayoritario de la Guardia Civil también se sumó a las protestas. 'Manos arriba, esto es un atraco', 'No nos moverán hasta que no retiren los recortes' o 'Rajoy, da la cara', 'Rajoy te quiero, Rajoy te adoro, tengo tu foto en el inodoro', fueron algunas de las consignas coreadas en esta concentración que se ha prolongado durante media hora, en la que también se cantaba: 'Hunden al obrero, rescatan al banquero' y 'El próximo parado, que sea un diputado'.

La protesta social comenzó el pasado miércoles, día en el que Rajoy anunció las nuevas medidas, que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre. Poco después de conocerse, los empleados públicos se reunieron, ya entonces, a las puertas del Congreso para expresar su malestar.

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