Blas Infante, hoy oficialmente declarado por el Parlamento Padre de la Patria Andaluza, fue asesinado el 11 de agosto de 1936. Pero el régimen no se conformó. Uno de los rasgos de la represión económica es que no se extinguía con el exilio ni la muerte del procesado. El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó el 4 de mayo de 1940 una sentencia post mórtem que justificaba su fusilamiento por su actividad política andalucista. Y lo hacía, en el colmo de la aberración jurídica, apoyándose en una ley de 1939.

Infante murió en 1936 y la sentencia con la multa llegó en 1940

A su viuda, Angustias García, se le impuso una multa heredada de 2.000 pesetas. María de los Ángeles Infante tenía 6 años cuando se llevaron de su casa de Coria del Río (Sevilla) a su padre para matarlo. Y tres más cuando llegó la sanción. "¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? La pagó, claro", cuenta. En contra de lo que piden miembros de su familia y partidos andalucistas y de izquierdas, no quiere que la sentencia se anule. "Que se quede ahí. Que se vean las monstruosidades de las que eran capaces. Multar a un hombre después de fusilarlo".

La represión económica se cebó con personalidades políticas, con más saña cuanto más destacado fue su papel en la República. Largo Caballero, Casares Quiroga y Martínez Barrio, entre otros, fueron condenados a la pérdida total de los bienes. Otros, como Manuel Azaña, a multas estratosféricas de 100 millones de pesetas. La misma sanción que se le impuso a Juan Negrín, cuya familia emprendió hace años una lucha pionera por recuperar los bienes robados. Otras familias castigadas con el expolio, como la de Niceto Alcalá Zamora, han tenido la generosidad de ceder a las instituciones democráticas posesiones legítimas de las que fueron desposeídas por el régimen. Es el caso de la casa natal en Priego de Córdoba del que fuera presidente de la República, hoy sede de una fundación y un museo en su memoria.

"¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? Pues pagar", cuenta María de los Ángeles

Especialmente cruel fue la persecución a los alcaldes. En el caso de José Ortiz, carpintero y regidor de Benacazón (Sevilla), los jefes locales de la Iglesia, la Guardia Civil y la Falange no tuvieron que molestarse en informar sobre la conducta del acusado, ya que había sido fusilado por bando de guerra en agosto de 1936. Así que, tal y como atestigua su expediente, se limitaron al frío conteo de sus bienes: "Dos mulas, una yegua, una cerda y cinco lechones. 400 arrobas de paja. Un carro de dos ruedas, un arado, un yugo y un trillo. Una suerte de viña".

Su viuda, Isabel Machuca, suplicó en un pliego de descargo la devolución de los bienes al tener varios hijos sin jornal y al mayor en el ejército. El tribunal dictó finalmente el sobreseimiento de la causa en 1945, pero sólo le devolvió los aperos. El resto ya había sido vendido en una subasta.