María S., una desempleada de 54 años, no se lo podía creer cuando, a principios de este mes, se enteró en su centro de salud del casco viejo de Cartagena de que le habían dado de baja su tarjeta sanitaria y, por tanto, tanto ella como su hija de 19 años se han quedado sin cobertura sanitaria pública, salvo que acuda a un servicio de urgencias hospitalarias. En su caso, esta traba legal que los gobiernos autónomos de Murcia y Galicia están poniendo estas últimas semanas a los parados de larga duración y extranjeros sin recursos para para recibir asistencia podría tener consecuencias inmediatas en su salud. María superó hace un año una operación para extirparle "un principio de cáncer de colon" y este mes ya no podrá ir a la revisión que le corresponde: "Tenía que ir a revisión con el oncólogo a principios de noviembre y no lo he podido hacer; y mi hija, que tiene consulta en diciembre por un problema de tiroides, tampoco podrá ir", se lamentaba ayer. "Me dijeron en el centro de salud que estaba dada de baja, junto con mi hija, y que me diera de alta con un familiar o fuera a la Seguridad Social para tramitar una tarjeta como persona sin recursos".

María, que dejó de trabajar como autónoma en 2006, no ve factible la primera opción, ya que es viuda de un abogado que estaba dado de alta precisamente con ella en la Seguridad Social, y menos la segunda. Y es que pese a vivir sólo con los poco más de 600 euros que le llegan de la mutualidad de letrados tras el fallecimiento de su marido, tiene su casa y no cree que la puedan catalogar como persona "sin recursos". "Además no he pedido esa tarjeta porque me han dicho que tarda ocho meses", añadió esta mujer, que prefiere esperar a que el 1 de enero entre en vigor la Ley de Salud Pública, que universalizará de forma efectiva la asistencia sanitaria en toda España y hará imposible casos como el suyo.

"Me dijeron que estaba sanidad, y al igual que yo yo mis hijos y mi mujer"

José Antonio Miguel, de 38 años y padre de tres niños de seis, ocho y nueve años, se encontró con una situación similar cuando pidió cambio de médico al trasladar su residencia desde Molina de Segura hasta Llano de Brujas. "Al solicitar el cambio de médico me dicen que estoy sin sanidad, y al igual que yo mi mujer y mis hijos", relata a Público este antiguo antónomo, que tuvo que echar el cierre a su pequeño negocio de maquinaria de construcción hace cuatro años, cuando empezó la crisis económica. "De ahí, y después de quedarse la tarjeta sanitaria, me remitieron a la Seguridad Social para que tramitara un número distinto para cada uno de nosotros como si fuéramos personas sin recursos", señala José Antonio, que relata con amargura cómo incluso le llegaron a recomendar que buscase un empleo. "Llevo cuatro años buscando trabajo de cualquier tipo y no lo encuentro, incluso me paso por el Inem muchos días, aunque no tengo que ir, para ver si hay algo", agrega.

Pero lo peor ocurrió poco después, cuando su hijo de nueve años se puso enfermo con fiebre y un principio de asma y lo llevó al centro de salud. "El pediatra relata se negó a atender al niño porque dijo que no estaba metido en el ordenador, y nos recomendó que fuéramos al Hospital Virgen de la Arrixaca, que allí sí le atenderían".

En algunos casos los pacientes no se han encontrado con la sorpresa al acudir al centro de salud, sino que han sido avisados por teléfono de que les daban de baja. Es el caso de María José Sánchez, vacina de Alcantarilla de 40 años, que está afiliada a la Seguridad Social con su marido, que lleva tres años en el paro y dentro de un mes agotará la prestación. Dos semanas después de pedir un cambio de médico para su hija, de 14 años, recibió una llamada del Servicio de Salud: "Cuál no sería mi sorpresa cuando me dicen que me van a dar de baja de la tarjeta y que no vamos a tener derecho a ir al médico; todavía no me lo creo".

"No atendieron a mi hijo porque no estaba en el ordenador"

Acto seguido se fue a su centro de salud, donde está siendo tratada de unas verrugas en las manos, y donde le ratificaron que iban a darle de baja. "El médico, sin embargo, me dijo que no podía ser y que él me seguiría atendiendo en cualquier caso; casi me echo a llorar porque me sentí como si estuviera haciendo algo malo", relata. María José tiene también su casa, de forma que cree que no tiene posibilidades de que la Seguridad Social le dé una tarjeta para personas sin recursos.

Ayer mismo, el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, aseguró que la atención sanitaria en la comunidad autónoma "no se ha dejado de prestar en ningún caso a ningún ciudadano de la Región de Murcia". Además, aseguró que este servicio "está garantizado para cualquier persona" y señaló que estos problemas, que fueron denunciados esta semana por la diputada regional del PSOE Teresa Rosique, responden en realidad a "trámites administrativos o gestión burocrática" de la tarjeta sanitaria.