El pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto-ley del Gobierno por el que se modifican hasta 29 leyes y una directiva de la UE gracias a la mayoría absoluta que tiene el grupo popular en la Cámara baja pero con el resto de los grupos en contra y en medio de un coro de protestas. A continuación, en una nueva votación, la totalidad del hemiciclo apoyó que esta norma se tramite como un proyecto de ley y por el procedimiento de urgencia, una concesión del Gobierno y de su grupo ante las duras críticas manifestadas por toda la oposición que ha calificado la iniciativa de "chapuza".

Ahora bien, horas después de aprobado ese mecanismo la oposición ignora totalmente qué camino quiere adoptar el PP para tramitar la iniciativa del Gobierno como un proyecto legislativo más. De entrada, ¿qué comisión parlamentaria será la encargada de asumir los debates que requiere ese trámite y ordenar las posibles enmiendas al texto? No es una cuestión menor.

Normalmente, cualquier iniciativa legislativa, en función de sus contenidos, se adscribe a la comisión parlamentaria encargada de controlar a un determinado departamento ministerial. Como mínimo hay una comisión legislativa por cada ministerio y en ocasiones hasta dos en función de la amplitud de sus competencias. Es muy raro que surja una polémica a la hora de decidir qué comisión legislativa es la competente para tramitar un proyecto o proposición de ley.

La oposición ha calificado la iniciativa de "chapuza"Pero, ¿qué pasa cuando el real decreto-ley modifica hasta 29 textos legales vigentes que competen al ámbito de hasta ocho ministerios diferentes? "El despropósito es de tal calibre y envergadura que en estos momentos no tenemos ni idea qué comisión asumirá la tramitación. Es más, creo que ni siquiera lo sabe el Gobierno ni el grupo parlamentario popular", ha dijo ayer por la tarde Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista, durante una conversación informal con periodistas a las puertas del Congreso de los Diputados.

La disparidad de contenidos del real decreto-ley es tan amplia que convertiría en una parodia el debate sobre la mayoría de ellos sea cual sea la comisión que asuma la tramitación del texto legal. "¿En qué comisión se puede debatir al mismo tiempo de la reforma laboral para los jóvenes y la reconversión en hoteles de la red de faros, o la modificación de la gestión de los registros civiles con preceptos de la carrera militar, la regulación del sector energético del gas, los horarios comerciales turísticos, la privatización de Aena o la liberalización de los recursos financieros de los puertos?", pregunta un diputado que desea permanecer en el anonimato. "No hay por donde cogerlo", concluye.

En opinión de la portavoz del grupo socialista "ni el Gobierno ni el PP saben por qué camino tienen que echar a andar en estos momentos". El hecho de que ayer fuese la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la encargada de defender el real decreto-ley en el debate parlamentario para su convalidación daría pie a pensar que será la comisión Constitucional la encargada de asumir la tramitación de este peliagudo asunto, ya que es la encargada de hacer el seguimiento al departamento que gestiona la vicepresidenta.

Pero eso "es una mera suposición; en realidad la inmensa mayoría de los asuntos que contiene el real decreto-ley no están relacionados con los asuntos que suele tratar esa comisión", apunta otra fuente parlamentaria experta en trámites legislativos. "Esto es un jaleo que no tiene precedentes", añade con cara de asombro. "Al final será el PP con su mayoría absoluta quien tomará la decisión que entiendan que es conveniente a sus intereses. Así es como está funcionando la actividad parlamentaria en esta legislatura, que a medida que avanza se deterioras más", apunta Soraya Rodríguez, que hasta media tarde de ayer no había recibido ninguna comunicación sobre este asunto por parte de su homólogo en el PP.

"Esto es un jaleo que no tiene precedentes", dice una fuente parlamentaria

Por si fuera poco, otra circunstancia se añade a este desconcierto. Actualmente la actividad parlamentaria se encuentra fuera de sus periodos ordinarios de sesiones. De hecho, el pleno del Congreso de los Diputados de esta semana —al igual que el del Senado en el que se ha aprobado definitivamente la ley de aforamiento para Juan Carlos de Borbón y la familia real— ha tenido un carácter extraordinario por ser el mes de julio.

En consecuencia, ¿de qué manera se cuentan los plazos, perfectamente establecidos durante los periodos ordinarios, que van de septiembre a diciembre y de febrero a junio, cuando hay que aplicar el trámite legislativos del procedimiento de urgencia? La previsión ahora es que en lo que resta de julio y en el mes de agosto no habrá otras sesiones plenarias, así es que el pleno de la Cámara baja no debatirá hasta el día 9 de septiembre, con la vuelta al periodo ordinario, este real decreto-ley convertido ya en un proyecto legislativo. Eso siempre que previamente se haya cumplido el trámite, en pleno verano, del debate en comisión, la que sea.

No parece ser que todo este enrevesado proceso en plenas vacaciones parlamentarias tenga mucha sintonía con la urgencia que el Gobierno ha puesto de manifiesto a la hora de tramitar el real decreto-ley ómnibus desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes día 4. Ni siquiera con el principio de urgencia que la propia Constitución establece, en su artículo 86, para justificar el recurso al decreto-ley.

Recurso de inconstitucionalidad

Precisamente este es uno de los argumentos que se estudian para fundamentar el recurso de inconstitucionalidad que el grupo parlamentario ha anunciado que presentará lo antes posible. "Queremos hablar con el resto de los grupos parlamentarios de la cámara para formalizar el recurso ante el tribunal Constitucional antes de que acabe la próxima semana", dijo a Público la portavoz Soraya Rodríguez. Fuentes de esta formación aseguran que los grupos de La Izquierda Plural, UPyD y varias formaciones del grupo mixto suscriben esta iniciativa. El PNV supedita su decisión al análisis que realice su dirección en los próximos días, mientras que el grupo de CiU se muestra remiso.

Otras fuentes parlamentarias consideran que "al margen del cúmulo de despropósitos" que acumula el real decreto-ley hay elementos objetivos para considerar que vulnera preceptos establecidos en la Constitución. "sin ir más lejos, una de las cosas que modifica esta norma del Gobierno de Rajoy es la administración de los registros civiles, una potestad jurisdiccional que regula la ley orgánica del Poder Judicial. Y la Constitución prohíbe que los decretos-ley alteren las leyes orgánicas. Además, es patente que muchas de las variaciones legales que introduce este real decreto-ley no acreditan la urgencia que la propia Constitución exige para estas normas excepcionales", explican las citadas fuentes a este periódico.

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