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Los Pactos de la Moncloa, que ayudaron España a salir crisis, cumplen 30 años

EFE

Los acuerdos económicos incluidos en los Pactos de la Moncloa, que permitieron a España salir de una complicada situación económica e iniciar el camino de la democracia y que fueron suscritos por los partidos con representación parlamentaria, cumplen hoy treinta años.

Desde el comienzo de la crisis energética, en 1973, año en el que el precio del barril de petróleo pasó de 1,63 a 14 dólares, hasta que se suscribieron los Pactos (1977), la actividad económica creció en España sólo el 8 por ciento y el número de desempleados pasó de 300.000 a más de 700.000.

Además, la inflación superaba el 14 por ciento (hasta el 30 por ciento en el verano de 1977) y había un gran desequilibrio en los intercambios con el exterior, que generó un déficit que llegó a los 11.000 millones de dólares.

El nuevo Gobierno, fruto de las elecciones de junio de 1977 y presidido por Adolfo Suárez, de la UCD, no contaba con mayoría parlamentaria, por lo que tuvo que recurrir al apoyo del resto de partidos para adoptar las reformas necesarias para consolidar el sistema democrático y, también, afrontar la crisis y avanzar hacia una economía de mercado.

Suárez reunió a principios de octubre a todos las fuerzas políticas para iniciar el diálogo y el día 25 de ese mes se rubricó en el Palacio de la Moncloa la parte económica de los Pactos, mientras que la política tuvo que esperar, por falta de acuerdo, 48 horas más.

Los firmantes fueron Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, por parte de UCD; Felipe González, en representación del PSOE; Enrique Tierno Galván, del PSP; Joan Raventós, de los Socialistas de Cataluña; Jose María Triginer, de la Federación Catalana del PSOE; Juan de Ajuriaguerra, del PNV; Miguel Roca, del PDC, Santiago Carrillo, del entonces recién legalizado Partido Comunista, y Manuel Fraga, de AP, que fue el único partido que rechazó suscribir el contenido político de los Pactos.

Los grandes objetivos del Plan de Saneamiento y Reforma Económica -denominación del documento-, cuyo principal artífice fue el vicepresidente del Gobierno de Suárez, Enrique Fuentes Quintana -fallecido el pasado 6 de junio- eran contener el desempleo, reducir el déficit de la balanza de pagos y combatir la inflación, que debía bajar al 22 por ciento en 1978 y al 12 por ciento un año después.

Los salarios no podrían crecer más que los precios en 1978 y para 1979 el incremento fijado fue del 15 por ciento.

La moderación de la inflación tuvo como efecto negativo, aunque previsto por los diseñadores del proyecto, el incremento del paro, que un año después de la firma de los Pactos superaba el millón de personas.

Los Pactos incluían también reformas del modelo fiscal, de la Seguridad Social y del sistema financiero, así como nuevas políticas agrícolas, energéticas y de urbanismos; y la elaboración del Estatuto de la Empresa Pública.

En lo que se refiere al acuerdo político, recogía la aplicación de la libertad de expresión, la reforma del derecho de reunión y de asociación política, así como la modificación del Código Penal en lo referido a la mujer y las libertades públicas y de la Ley de Orden Público.

El acuerdo social que supusieron los Pactos de la Moncloa fue suscrito por los partidos políticos en lugar de por los agentes sociales debido a la falta de madurez de éstos, ya que la patronal CEOE había nacido sólo unos meses antes y los sindicatos, después de cuatro décadas de dictadura, daban sus primeros pasos en democracia.

En declaraciones a EFE, Manuel Lagares, subsecretario de Economía en 1977, considera que los Pactos significaron "mucho" para la historia de España y no fue una cosa "improvisada", ni un "invento", porque los problemas que se registraban eran "profundos".

Como ejemplo puso el que en una reunión en el Banco de España el 4 de julio de 1977 se comprobó que la situación de divisas daba para pagar "8 o 10 días de importaciones".

Para el entonces secretario general de UGT Nicolás Redondo también fueron positivos, a pesar de que se "marginó" a los sindicatos y de que la Ley Abril-Martorell permitía a las empresas prescindir del 5 por ciento de las plantillas en función de la evolución de los salarios.

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