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El pago de la dependencia reabre el debate de la Ley

La mayoría de las comunidades exigen que el Estado reparta el dinero por el tipo de ayuda que prestan y no por el grado de autonomía. Sanidad retoma mañana la negociación autonómica

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El coste de atender a un dependiente es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe, como máximo, un cuidador no profesional cada mes. La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales. Las diferencias en el coste de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia han llevado a la mayoría de las comunidades autónomas a pedir un cambio en la forma en que el Estado les reparte el dinero para aplicar la norma.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, llegó al cargo el pasado abril con el objetivo de relanzar la efectividad de la ley. Después de unos meses de protagonismo de la nueva gripe, el Ministerio retoma mañana durante la celebración del Consejo Territorial entre Gobierno y comunidades el debate sobre la financiación, aunque la remodelación del pago no forma parte del orden del día de Sanidad. 'Lo marca la ley y no podemos desviarnos ni cambiar el sistema', defiende el secretario general de Política Social, Francisco Moza. El sistema trata de 'compensar a nivel global', añade.

Catalunya (PSC) va a la cabeza de las comunidades quecon diferente color político piden que el dinero se reparta según el tipo de ayuda que reciben. Estado y comunidades financian al 50%, según la ley, las ayudas a los dependientes. Fundamentalmente, son dos partidas el nivel mínimo y el nivel acordado las que determinan los ingresos que las comunidades obtienen del Estado.

El nivel mínimo, según define la propia ley, es la cantidad que las comunidades reciben al finalizar el año, en función del grado y nivel de los dependientes a los que atiende. Cuanto menor es la autonomía del beneficiario atendido, mayor es la cantidad que se paga por prestarle la ayuda.

Madrid concede más ayudas en centros y Murcia, más económicas

Cada año se revisa esta cantidad, que se establece por meses y supone alrededor del 80% de lo que destina el Ministerio de Sanidad y Política Social para que la norma se haga efectiva. A la espera de que se contabilice el número exacto de dependientes del fin el año, los Presupuestos Generales del Estado contemplan 1.150 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia. Además, hay una aportación extra de 400 millones.

'No cuesta lo mismo una plaza residencial que una prestación por cuidador familiar', recalcan en la consejería de Bienestar Social de Asturias. En el Gobierno balear (como el de Asturias, en manos del el PSOE, en coalición) recuerdan que el año pasado presentaron un modelo de financiación 'basado en el tipo de ayuda que reciben las personas dependientes y que tenía en cuenta los diferentes costes'.

También Castilla y León (PP) insiste en que ha apostado por 'los servicios residenciales', por lo que asegura que realiza un 'mayor esfuerzo económico'. Hay que sumar que en entornos rurales aumenta el precio de una plaza en una residencia.

Según el PP, el modo de financiación no es acorde al coste real

Según los últimos datos publicados el 1 de septiembre por Sanidad sobre la implantación de la ley, Castilla y León es la quinta comunidad que más plazas de residencia concede a sus dependientes (un 18,66%). No obstante, otorga sobre todo ayudas económicas (un 34,82%), que suponen menos de una tercera parte del coste de la plaza residencial.

Catalunya que ya recalcó su postura en el último consejo territorial de dependencia, entre los consejeros y la ministra Trinidad Jiménez, considera además que el Estado debería aumentar las cuantías que ahora mismo aporta. También Castilla-La Mancha (PSOE) y Murcia (PP) opinan que se debe cambiar el criterio de distribución del nivel mínimo.

Por otra parte, Baleares (PSOE) alerta de la perversión del actual sistema de reparto que no entrega el dinero por el tipo de ayuda y las comunidades acaban dando más dinero. Estas son más baratas, pero pese a ser una opción por la que se decantan muchas familias, contradice el espíritu de la Ley, que persigue la creación de infraestructuras para que el cuidado de los dependientes no recaiga en el entorno familiar (sobre todo en mujeres), como es costumbre en los países mediterráneos.

Una residencia cuesta unos 1.800 euros al mes, la teleasistencia, 20

El 51% de los dependientes que reciben ayudas cobran una pensión por cuidado en el entorno familiar. Murcia va a la cabeza: el 89% de las prestaciones que da son ayudas económicas para el cuidado familiar. Le sigue, con un 71%, Baleares. En cambio, en Madrid (PP), sólo un 13% de sus dependientes con ayuda efectiva tienen esta prestación.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, denuncia que Madrid 'ha cogido a los dependientes que ya tenía en residencias antes de la ley, cuyo coste pagaba de sus presupuestos, y los ha tramitado como beneficiarios de la ley'. Con ello, explica, apenas se ha dado servicio a nuevos beneficiarios. 'Les ha salido rentable', asegura, 'porque ahora ya no tienen que pagar el total del coste de las plazas en residencias', denuncia.

Aunque las comunidades alcanzaran el consenso para modificar el modo de reparto del nivel mínimo Extremadura, Andalucía y Cantabria no lo creen oportuno y Euskadi y Aragón (todas socialistas) no entran en el debate, para introducir este cambio se debería modificar la ley.

El 51% de los dependientes que reciben ayudas cobran una pensión por cuidado en el entorno familiar

La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, critica que, más allá de las discrepancias puntuales sobre la forma de repartir el nivel mínimo, 'el modelo de financiación no es ni suficiente ni acorde con el coste real de los servicios que se están prestando, y eso genera inequidades'.

El portavoz de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, defiende abiertamente un cambio de la ley, que considera 'está mal diseñada, no compensa a las comunidades por las infraestructuras de atención social que crearon antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia y ahoga a los gobiernos autonómicos'.

En esa línea van las quejas de Madrid, País Valenciano (PP) y Navarra (UPN). Además de pedir que se reparta el nivel mínimo en función del tipo de ayudas, recalcan que las comunidades acaban aportando mucho más dinero que el Estado a la Ley de Dependencia, lo que imcumple la ley.

¿Cómo financia el Estado la ley de Dependencia?
Existen dos partidas. El nivel mínimo supone un 80% de la inversión. Se calcula al finalizar el año, multiplicando las cantidades que se fijan por cada dependiente atendido, en función del grado y nivel con que se les haya valorado. Esta forma de reparto está recogida en la Ley de Dependencia. La segunda partida es el nivel acordado, cuyo reparto consensuan las comunidades autónomas en el Consejo Territorial. Esta cantidad intenta compensar las diferencias entre territorios, como la insularidad, la dispersión de su población o su envejecimiento. En el último Consejo Territorial, en abril, se acordó que el número de personas valoradas tuviera un peso del 20% a la hora de definir el reparto.

¿Cuánto pagan las comunidades?
En teoría, al menos así lo marca la Ley, Estado y comunidades deben asumir a partes iguales el coste de la aplicación de la norma. No obstante, mientras el Estado incrementa año tras año su presupuesto y asegura que comparte el gasto como marca la ley, muchas comunidades denuncian que acaban asumiendo el peso del gasto de la aplicación de la Ley.

¿Se podría cambiar el modelo de reparto del nivel mínimo?
Para que el nivel mínimo se repartiera en función del tipo de ayuda que recibe cada dependiente, como reclama la mayoría de comunidades, se debería modificar la ley de dependencia. El PP reconoce que el modelo no es “suficiente ni es acorde con el coste real del servicio”. CiU defiende que se cambie la norma. De hecho, fue el modelo de financiación el que le hizo votar en contra de la Ley.