La defensa de Santiago Mainar, único acusado por la muerte del alcalde de Fago (Huesca), quemó durante la séptima sesión del juicio sus últimos cartuchos para demostrar la inocencia del guarda forestal.

Ante el Tribunal desfilaron siete peritos con los que el letrado quiso demostrar que su cliente se autoinculpó para salvar de la presión al pueblo y que sus problemas de visión y condición física hacían imposible que él fuera el autor del crimen. Al término de la sesión, algunos de los informes que presentaron los expertos quedaron claramente en entredicho.

Los primeros en declarar fueron los psicólogos clínicos Deborah Calvo y José María Caballero. Ambos defendieron que Santiago Mainar sufre un "transtorno psicótico no especificado" ligado a "un estilo de personalidad narcisista".

En el informe entregado al Tribunal, ambos destacaron que el guarda forestal da una "importancia afectiva" a las ideas que le pudieron llevar a la "inmolación jurídica" para salvar a otros, ya que, recalcaron, consideró el crimen de Miguel Grima "un acto de justicia popular". No obstante, a preguntas de las acusaciones, ambos reconocieron que este tipo de personalidad también es "compatible" con haber cometido el crimen.

En idénticos términos se expresaron los psiquiatras Mariano Royo-Villanova y Enrique Fernández. Para ambos, Mainar "presenta una personalidad con rasgos típicos de un trastorno paranoide y de un trastorno narcisista de la personalidad", que, en su opinión, puede derivar en "una psicosis del grupo de las esquizofrénicas".

Ambos peritos hicieron suya la metáfora que el propio guarda forestal utilizó para describir su autoinculpación: la de un jabalí que consigue atraer la atención de los cazadores para salvar al resto de las manadas. Al igual que minutos antes habían hecho los dos psicólogos, ambos médicos también reconocieron que los rasgos descritos en su informe son "compatibles" con los de cometer un crimen. "Es un justiciero, alguien que quiere que se haga justicia", concluyeron.

Sensiblemente peor parados salieron los criminólogos Ángel Ponce de León y Gudrun Stenglein. La defensa quiso utilizar el informe elaborado por ambos, de sólo cinco folios, para desacreditar tantos las pruebas de balística, las de ADN, las de residuos de disparo e, incluso, poner en entredicho el informe de la Guardia Civil que aseguraba que era posible que una persona hubiera recurrido en cuatro horas la distancia que había entre el lugar donde el asesino abandonó el Mercedes Benz del alcalde asesinado y el pueblo de Fago.

Sin embargo, la exposición de los dos peritos quedó claramente tocada cuando tuvieron que responder las preguntas del fiscal y de los letrados de las dos acusaciones. Ante la insistencia de los tres, los criminólogos terminaron por reconocer que sus conclusiones eran más "suposiciones" que otra cosa, y que gran parte de las pruebas las habían hecho en condiciones y con elementos que para nada tenían que ver con los empleados en el crimen, como ocurría con la escopeta y los cartuchos de postas. Incluso, terminaron admitiendo que sus cálculos sobre las distancias recorridas a pie por el asesino las habían obtenido en coche.