La Policía registra la fundación que dirigió Urdangarín

La investigación sobre el caso Palma Arena estrechó ayer el cerco en torno a Iñaki Urdangarín, yerno del rey y expresidente de Instituto Nóos. Por orden del juez instructor del caso y acompañada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la Policía registró durante toda la tarde la sede barcelonesa de Nóos, que entre 2005 y 2006 recibió 2,3 millones de euros del Govern balear de Jaume Matas para la organización de sendas jornadas sobre turismo y deporte de cuyos gastos no queda rastro documental. El registro se extendió también a cinco empresas vinculadas a Nóos y al propio Urdangarín, entre ellas la inmobiliaria Aizoon. Las otras sociedades registradas son Nóos Consultoría, Virtual de Estrategy, Intuit Estrategy y Shiriaimasu.

En julio, ya declaró como imputado Diego Torres, fundador de Nóos sucesor del duque de Palma al frente de la fundación y ayer presente en el registro. En su comparecencia ante el juez instructor del caso, José Castro, Torres admitió que su organización no había acreditado ante el Govern balear el destino de los 1,2 millones otorgados para las jornadas de 2005 ni de los 1,1 millones destinados a las de 2006. No había que justificar gastos, adujo Torres, porque se trataba de un patrocinio. Torres se esforzó en desvincular de lo ocurrido a Urdangarín, que presidió Nóos hasta 2006.

Cuando, en junio de este año, el juez citó a Torres como imputado, este continuaba figurando en las bases de datos electrónicas del Registro Mercantil como administrador único de una sociedad que comparte parcialmente nombre con el del instituto que él mismo pasó a presidir tras la renuncia de Urdangarín.

Esa sociedad se llama Nóos Consultoría Estratégica SL y se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles, así como al asesoramiento en gestión empresarial. Y está domiciliada en Barcelona. Justamente en la misma dirección de la céntrica arteria donde, hasta septiembre de 2005, tuvo su sede una compañía administrada por Urdangarín: Aizoon SL, cuyo objeto social también es el de consultoría y asesoramiento empresarial.

La investigación sobre Nóos deriva de la relativa al sobrecoste en el velódromo Palma Arena, sumario en el que el expresident balear Jaume Matas permanece en libertad bajo fianza de tres millones. Bajo el mandato de Matas, la Dirección General de Deportes estaba entonces dirigida por el medallista olímpico en vela Pepote Ballester, amigo de Urdangarín en la época en que se fraguó el acuerdo de colaboración entre el Govern y el Instituto Nóos.

Cuando el expresident balear y entonces también líder del PP en el archipiélago declaró ante el juez Castro, endosó la responsabilidad de lo sucedido sobre los hombros de Pepote Ballester. En esas fechas, marzo de 2010, Ballester padecía una gravísima enfermedad de evolución incierta. Pero su salud se estabilizó. Y no está claro que se haya resignado a cargar con las culpas de un caso que comenzó con el sobrecoste de casi 40 millones detectado en el velódromo Palma Arena y ha terminado poniendo en solfa numerosas actuaciones de Matas y su Gabinete.

Como informó Público en junio, el convenio de Balears no fue el único que firmó el Instituto Nóos. También en 2005, la entidad suscribió un acuerdo con el Govern de Francisco Camps para la promoción de Valencia como sede de unos Juegos Europeos. En noviembre de 2010, y a preguntas de Compromís, Camps defendió la "legalidad" del convenio. "Todo lo que se hace en la Administración está debidamente documentado y fiscalizado", fue el argumento de quien hoy se encuentra a un mes de ser juzgado por soborno en el llamado caso de los trajes.

Ayer, el grupo de Compromís en Les Corts ofreció su colaboración a la Fiscalía Anticorrupción para facilitarle toda la documentación de que dispone sobre la actividad del Instituto Nóos en el País Valencià, donde recibió 382.000 euros de la Generalitat "por no hacer absolutamente nada".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, emitió un comunicado tras conocer los registros. La "rama valenciana" de Nóos, según la calificó Morera, fue "propiciada" por el Govern de Camps, a quien Compromís preguntó sin éxito por ese contrato en una sesión de control el 11 de noviembre de 2010.