El PP de Madrid celebró ayer actos de campaña en la plaza de los Jardinillos de Majadahonda, en el Centro Cívico Municipal La Serna de Fuenlabrada, en Getafe, en Humanes y... en la plaza de Castilla.

Hasta este último emplazamiento, sede de los juzgados de instrucción, se desplazó el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, para interponer una querella criminal por un delito de calumnias contra Tomás Gómez, secretario general del PSM y rival de Esperanza Aguirre.

Granados: "En campaña, las penas por calumnias son máximas"

El partido intentó hacer todo lo posible para desvincular esta iniciativa de los actos de campaña. Pero fue difícil. Quizá porque Granados es el jefe de campaña de Aguirre. O porque la denuncia tiene su origen en una acusación que Gómez vertió contra la candidata conservadora el domingo en el debate de Telemadrid: la de que el Ejecutivo regional vende el Canal de Isabel II, hospitales y colegios a sus amigos. Lo cierto es que en las puertas de los juzgados no había banderolas azules del PP, ni fotos de su cabeza de lista. Tampoco sonaba el himno del partido. Pero se barruntaba cierto soniquete electoral.

"Se está imputando un delito de prevaricación y tráfico de influencias y eso se llama en el Código Penal calumnia", valoró Granados tras asegurar que, además de en el debate, Gómez "sin ningún tipo de rubor" imputa "de forma reiterada" esos delitos a la Comunidad "en sus cuñas publicitarias y en sus declaraciones".

"Nosotros defenderemos nuestros derechos y cortaremos el espectáculo bochornoso cuando de manera impune se trata de trasladar una imagen de que el Gobierno regional delinque. No lo podemos consentir. Cuanto antes hay que cortar esta espiral". Una espiral que pretende que sean los tribunales los que la corten. Porque, según avisó "el legislador tiene muy en cuenta que en periodo electoral se salvaguarden aún más los derechos y leyes" y "ha hecho que en campaña electoral estas penas sean las máximas".

El candidato del PSM rechaza "amplificar cortinas de humo"

El principal aludido prefirió no "amplificar" lo que consideró "una cortina de humo" y se limitó a exigir "explicaciones" a Aguirre por esa carta en la que las constructoras amenazan con colapsar los nuevos hospitales madrileños si no reciben 80 millones de euros. Esta misiva es para los socialistas una de las pruebas más palpables de que si el PP vuelve a gobernar implantará el copago sanitario.

En los últimos días, en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, si se menciona el copago, los miembros del equipo de Aguirre echan a correr. La presidenta lleva muchos meses advirtiendo a los suyos de su convencimiento de que los socialistas, desesperados por las encuestas, iban a sacar a pasear "el doberman" del miedo a la derecha en plena campaña. Pero los conservadores, acostumbrados a lidiar con espías y tramas de corrupción no contaban con tener que batallar tanto con el tema del copago. En la precampaña pusieron una denuncia ante la Junta Electoral contra los socialistas por este tema. Y ahora, en campaña, el asunto no hace más que crecer.

De hecho, el único momento en el que se la vio descolocada en el debate de Telemadrid fue cuando Gómez le mentó el copago y una circular en la que se daba orden a las residencias de dejar de comprar cierto tipo de absorbentes. "¡Mentira. No consiento que meta miedo a los más débiles", interrumpió la intervención del socialista, que ayer contó en su último mitin del día con el apoyo del ministro José Blanco, que le declaró su "pasión". No fue precisamente a este candidato al que él apoyó en las primarias del PSM.

También apareció en escena José Bono. En un acto en Getafe, el presidente del Congreso advirtió al PP de que a los socialistas, no les van a asustar con querellas.

Horas antes, Tomás Gómez había acusado a Aguirre de poner en riesgo la salud de los madrileños entregando la sanidad a las grandes constructoras. "Haciendo negocio unos pocos de lo que es de todos. ¿Qué sabrá una empresa constructora de sanidad?", se preguntó, mientras recordaba un reciente informe de la Dirección General de Atención Primaria que estipula 22 prestaciones sanitarias susceptibles de copago.

Público tuvo ayer acceso a la carta con la que el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, respondía a la misiva en la que las concesionarias de los hospitales advertían de la posibilidad de colapso. Con fecha del 25 de abril, el consejero mostraba la "voluntad" de la Comunidad de "solventar cuantas cuestiones pudieran surgir dentro de una relación contractual a largo plazo como es la concesional sin necesidad de acudir a otras instancias".

Ya presentada la querella, a la que fuentes jurídicas auguran pocas posibilidades de prosperar, la presidenta criticó la "vileza" del PSM por "jugar" con la salud.