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Las prostitutas de la calle se sienten acosadas por la ley

Denuncian que las ordenanzas cívicas no las protegen. Sevilla y Málaga prevén multar sólo a los clientes. Sin embargo, en Barcelona y Valencia se penaliza a ambas partes

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Claudia, Elisa y Marta ruedan cada noche un capítulo en exteriores. No tienen caché, nadie las conoce y actúan de manera improvisada, sin guión. Ellas ponen el maquillaje, el vestido y los zapatos. Apenas sacan para vivir. La iluminación les sale gratis: basta con las farolas o los focos de los coches. Duermen, si pueden, después de la jornada. Y justo cuando están llegando las imágenes del mejor sueño... vuelta a empezar. ¡Aaaacción! Claudia, Elisa y Marta -nombres ficticios- no tienen más papeles que el que representan a diario. Pero no es ficticio, es real: son prostitutas.

Para ellas, la ley de la calle no es la película de Coppola. Son las normas municipales que regulan o pretenden regular su trabajo en la vía pública y que, según el colectivo, sólo consiguen 'vulnerar aún más' su debilidad. Ciudades como Sevilla o Málaga estudian sancionar a los clientes. Otras, como Bilbao, prevén multar también a las mujeres. Barcelona y Valencia penalizan, desde hace tiempo, a ambas partes.

'Estas medidas han hecho resurgir la figura del proxeneta y empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres; los pactos con los clientes se hacen con menos garantías por miedo a que la policía llegue y les multen', afirma Cristina Garaizabal, del colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas Hetaira. Según un informe de la Fundación Alternativas, unas 600.000 mujeres ejercen en España la profesión más antigua del mundo. El 85% es de origen extranjero.

Multas de hasta 3.000 euros

Desde hace más de dos décadas, en el distrito de Nervión, corazón comercial de Sevilla, los vecinos 'soportan el descaro de las prostitutas y sus clientes desde las nueve y media de la noche a las ocho de la mañana', lamenta la Asociación Huerta del Pilar. Una ordenanza, atrapada en su enésimo retraso, estipula multas de entre 750 y 3.000 euros a los clientes. Las mujeres serán asesoradas y ayudadas por las autoridades pero, en ningún caso, sancionadas. La Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA)considera una hipocresía esta regulación desde el mismo momento en que se incluye en una ordenanza antivandalismo. 'Como políticamente es incorrecto arremeter contra las prostitutas, lo hacen contra los clientes, escudándose en una normativa creada para solucionar conflictos en el uso del espacio público, como el botellón', asevera Estefanía Acién, del grupo de trabajo sobre prostitución de APDHA.
Para la asociación, además de arrebatarles el medio de vida, lo más grave es que no se cuenta con la opinión de estas mujeres. 'Hay que hablar con ellas de igual a igual, son personas como las demás, preguntarles si son maltratadas, si son coaccionadas', recalca Acién.

Los vecinos de las zonas afectadas son más incrédulos. Pedro Pérez es presidente de la asociación Centro Sur de Málaga. Afirma que desde las 11 de la noche a las siete de la mañana 'es peligroso salir a la calle', reclama más medidas de seguridad como la instalación de un sistema de videovigilancia y, sobre todo, pide el derecho a descansar.
'Por la noche nos encontramos a personas practicando relaciones sexuales en los coches e incluso en los portales de los edificios', dice alarmado. La desesperación de los afectados llevó incluso a que, hace unos días, medio centenar de personas cortaran de forma intermitente una de las principales arterias de tráfico de la ciudad con una manifestación.

En marcha

Las normativas que ahora estudian Sevilla o Málaga se inspiran en la ordenanza cívica aprobada a finales de 2005 en Barcelona. En la ciudad condal, sin embargo, no sólo se

persigue a los clientes. Las prostitutas pueden afrontar multas de entre 120 y 750 euros si obstaculizan el tráfico rodado o se sitúan a menos de 200 metros de un colegio. El año pasado, el ayuntamiento puso 2.937 sanciones relacionadas con la prostitución. De ellas, sólo el 30% -874- recayó en clientes. En Valencia, las multas ascienden a los 500 euros en ambos casos.

El único ayuntamiento que castiga a las prostitutas en exclusiva es el de Calvià (Mallorca), el primero en prohibir esta práctica en la calle. La ordenanza, aprobada en el año 2003, veta cualquier actividad comercial en la vía pública sin permiso -venta ambulante incluida-. En muchos casos, las denuncias han llegado a los juzgados, con 30 sentencias condenatorias desde que la normativa entró en vigor.

En Madrid, desde enero de este año, una treintena de cámaras vigila la calle Montera y su entorno, en pleno centro, también con el objetivo de erradicar el vandalismo y la prostitución. Pero, como en todo, hay excepciones. En Castellón, por ejemplo, se permite la prostitución en la calle si no causa molestias, es decir, si no se hace delante de lugares donde hay menores y no sealtera el descanso de los vecinos de la zona. Sirvan o no estas ordenanzas, de lo que no cabe duda es de que existe un problema. ¿La solución? Muy sencilla, sólo hay que querer, según APDHA:
'Primero, contar con las mujeres. Segundo, poner en el centro su protección. Y tercero, ofrecerles espacios alternativos, con protección policial, que es distinto al acoso. Merecen un respeto'.