Un magistrado francés se enfrenta el lunes a un comité disciplinario por el encarcelamiento por error de 13 sospechosos de un escándalo de pedofilia que se ha convertido en un asunto político para el presidente Nicolas Sarkozy.

El procedimiento disciplinario contra Fabrice Burgaud, de 37 años, será seguido de cerca por Sarkozy, que el mes pasado anunció que quería eliminar el cargo de magistrado instructor que Burgaud ostentaba en el momento de la investigación de abusos infantiles en 1999-2002.

Burgaud está acusado de haber encarcelado a sospechosos en base a acusaciones infundadas respecto a que un grupo de vecinos estaba abusando de niños en la localidad de Outreau, en el norte del país. Las acusaciones resultaron ser absolutamente exageradas.

Cuatro personas resultaron finalmente condenadas, pero otras trece fueron absueltas tras pasar hasta 39 meses en la cárcel.

El caso es uno de los peores errores de la justicia en la historia reciente de Francia y la actuación de Burgaud es uno de los principales argumentos a favor de la decisión de Sarkozy de eliminar el poderoso puesto de juez instructor.

Sin embargo, estos magistrados han llevado a cabo esfuerzos en los últimos 20 años para investigar la corrupción en política y muchos creen que deshacerse de ellos sería más fácil para los políticos que ocultar sus malas actuaciones.

Burgaud y sus defensores dicen que es un chivo expiatorio y que las acciones disciplinarias contra él están destinadas a reunir argumentos a favor de la controvertida reforma de Sarkozy.

"No se trata de juzgar a un magistrado, sino de poner en marcha una estrategia política. El señor Burgaud es un peón en un juego en el que las apuestas van bastante más allá", dijo Jean-Yves Montfort, magistrado que está ayudando a Burgaud con su defensa.

El comité disciplinario está compuesto por jueces y podría decidir prohibir que Burgaud trabaje en el sistema judicial.

Bajo el sistema que se remonta a tiempos de Napoleón, los jueces instructores tienen que considerar todos los elementos de un proceso, tanto si refuerza o debilita el caso contra los sospechosos. Burgaud está acusado de ignorar pruebas que mostraron que muchos de los imputados de Outreau habían sido acusados equivocadamente.

Según la reforma propuesta por Sarkozy, los fiscales del Estado estarían encargados de construir el caso contra los sospechosos, mientras que los abogados se centrarían en la defensa.

Los críticos argumentan que mina la independencia de los jueces porque los fiscales responden ante el Ministerio de Justicia, en oposición a los magistrados instructores que son independientes. Alegan además que el Gobierno podrá frenar o manipular investigaciones que no le convengan a través de los fiscales.