La reestructuración del sistema financiero español ha requerido ya cerca de 220.000 millones de euros, que ha tenido que proporcionar el Estado a las entidades en crisis para evitar su quiebra. La Comisión Europea estima que, de esa cantidad, unos 40.000 millones son prácticamente irrecuperables, lo que equivale a 850 euros por habitante. Pero todavía está por ver que el resto del dinero empleado vuelva algún día al erario público, según fuentes del sector.

Las ayudas al sistema financiero desde que estalló la crisis han sido de tres grandes tipos: inyecciones de capital, compra de activos y avales del Tesoro para la emisión de deuda. Las inyecciones de capital rondan los 88.000 millones de euros, incluyendo las garantías concedidas a quienes se han quedado con alguna de las entidades nacionalizadas. Por los otros dos conceptos -compra de activos y avales- se han gastado 130.000 millones casi a partes iguales.

El principal perceptor de inyecciones directas de capital es Bankia, con 22.500 millones de euros en números redondos, la mayor parte de ellos procedentes del rescate europeo. De esa cantidad, la Comisión da por perdidos más de 18.000 millones. Catalunya Banc tampoco podrá de devolver nunca 11.000 de los 12.000 millones que ha recibido, según los cálculos de Bruselas. El resto del quebranto hasta los 40.000 millones tiene su origen en NovaCaixaGalicia, el Banco de Valencia y Unnim.

Pero el problema es que hay mucho dinero que está en el aire y que podría aumentar el coste de la reestructuración del sistema financiero de forma considerable. Las incertidumbres se concentran en los esquemas de protección de activos (EPA) que amparan a los nuevos propietarios de las entidades nacionalizadas frente a posible riesgos encubiertos, en los activos traspasados al banco malo (Sareb) y en los avales concedidos por el Tesoro.

En conjunto, su importe asciende a unos 140.000 millones, de los que 28.000 corresponden a los EPA, 48.000 a la Sareb y 64.000 son avales. Aquella cifra global, no obstante, podría verse engrosada en función de las exigencias que pongan los eventuales compradores de las antiguas cajas que siguen en la órbita del FROB: Bankia, Catalunya Banc y NovaCaixaGalicia, básicamente, según las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes recuerdan un elemento que habitualmente se olvida al valorar el coste de la reestructuración de la banca y es la financiación del Estado, que se encarece en la medida en que las ayudas pasan a computar como déficit público. Sólo en 2012, el déficit empeoró en 3,6 puntos de PIB por ese concepto, pese a los esfuerzos del Gobierno por ocultarlo.