El presidente de la CEOE, Juan Rosell, compareció ayer ante la prensa no para presentar un informe sobre, por ejemplo, los deberes que le pone la patronal a las empresas del sector financiero (cuyas patronales forman parte de la CEOE), inmerso en una reestructuración que tiene en el punto de mira la dudosa gestión hecha en muchas cajas de ahorros; o para proponer soluciones a la situación delicada por la que pasan algunos sectores también representados en la patronal, como el del automóvil o el de la construcción. En lugar de eso, Rosell presentó dos informes sobre la eficiencia del sector público y el traspaso de competencias, en los que, detrás de una amalgama de datos y afirmaciones, se encuentra una declaración de intenciones que la patronal no se preocupa en esconder: sobran empleados públicos y es adecuado que a ese excedente, sin concretar, se le pueda despedir.

"Hay muchos y muy buenos empleados públicos, la mayoría cumple, pero otros no cumplen y no son buenos, como demuestran los porcentajes de absentismo", aseguró Rosell, que, no obstante, admitió más tarde no tener datos sobre el nivel de absentismo en el sector público. A otros funcionarios, según el líder de la patronal, "les hemos dejado sin trabajo" debido a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. "Con los que no tienen trabajo hay que hacer lo mismo que hacemos en el sector privado, buscar soluciones, recolocarlos, reubircarlos y, si no hay más remedio, despedirlos. Hay que acostumbrarse a que en lo público las cosas sean igual que en lo privado", afirmó Rosell, que también apuntó la posibilidad de aplicar expedientes de regulación de empleo.

Para la CEOE, hay cerca de 900.000 empleados públicos que sobran

El informe de la patronal señala que en los últimos 30 años los ayuntamientos han duplicado su personal y las comunidades autónomas lo han quintuplicado. Según la CEOE, ese aumento de empleo público autonómico no responde en su totalidad al proceso de transferencia de competencias. Ese proceso ha supuesto un traspaso de 821.357 trabajadores desde la Administración central a las comunidades, mientras que el personal autonómico se eleva actualmente a 1.744.000 trabajadores. Es decir, para la patronal esos 900.000 empleados públicos sobran, aunque reconoce que una parte sin especificar se debe al aumento de población y, por tanto, de servicios públicos.

Un informe reciente del sindicato UGT arrojaba datos muy diferentes. En España, la población empleada en el sector público es inferior al 10%, frente al 16% de la media europea, superada en países como Irlanda (12,2%), Finlandia (18,9%) o Dinamarca (25,7%). Además, uno de cada cuatro asalariados públicos no tiene empleo estable y en algunos sectores, como la sanidad, la educación o la Administración local, la temporalidad supera el 35%.

Para la patronal, no sólo se trata del número de funcionarios, sino también de sus salarios. En el informe subraya que entre 2002 y 2009 los sueldos públicos crecieron un 5,6%, mientras que los privados lo hicieron un 2,8%. Sin embargo, los datos sobre la evolución de los sueldos privados no tienen en cuenta en muchos casos los salarios de los altos cargos (los mejor retribuidos), ya que estos aparecen en categorías diferentes a la de asalariados. Según el informe de UGT, desde el año 1982, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 24,5%.

El líder patronal critica el absentismo en el sector público pero carece de datos

Rosell también incidió en el dinero que las comunidades autónomas invierten en educación, sanidad y servicios sociales: "Eso que muchas veces se oye de que no gastamos suficiente en sanidad y educación... bueno, pues los datos están ahí". Según el presidente de la patronal, el presupuesto en educación y sanidad se ha duplicado en los últimos años. Los datos del Ministerio de Educación muestran que el gasto educativo ha pasado de ser de 29.000 millones de euros en 2001 a 51.700 millones en 2011, aunque mantiene su peso sobre el PIB, entorno al 4,5%. Es decir, ha aumentado la partida para educación, pero en línea al crecimiento que ha experimentado la riqueza nacional. "Tendríamos que analizar si esa grandísima inversión la estamos haciendo de la mejor manera posible", apuntó Rosell.

Otra de las ideas lanzadas en las últimas semanas por la patronal, e inspirada en una propuesta del BCE, es la de los minitrabajos o minijobs: un contrato a tiempo parcial de pocas horas de trabajo, con sueldos de 400 euros y con "flexibilidad total". Rosell aseguró ayer que la patronal cuenta incluso con encuestas entre parados que demuestran la aceptación de esta fórmula de empleo precario. "Ellos apuestan por eso", subrayó. Más tarde, en el programa 59 segundos, el líder de la patronal volvió a insistir en su deseo de que la contratación "sea totalmente libre".

"Queremos que la contratación sea totalmente libre", afirmó Rosell

Una propuesta que los sindicatos rechazan de plano. Ayer fue el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el que tachó los minijobs de "degradación" del mercado de trabajo. Sin embargo, Méndez aseguró que el sindicato está "dedicado en cuerpo y alma" a alcanzar un acuerdo con la patronal en materia laboral. Un pacto que para el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, es imposible alcanzar antes del 6 de enero, el plazo marcado por Rajoy. Rosell simplemente prefirió no hacer cábalas.