La entrada del dinero público en las cajas de ahorros parece la solución a todos sus problemas. Ellas así lo hacen ver. Sin embargo, el apoyo que ahora presta el Estado será el fin de su poder de decisión. Las cajas funcionarán mejor, serán más solventes y tendrán más posibilidades de conceder créditos, pero la decisión de sus gestores morirá para siempre, por mucho que quieran hacer ver que esto sólo es un impass, un periodo en el que compartirán la gestión con el FROB (el fondo que entrega las ayudas y que se convertirá en accionista de las entidades a las que apoye).

Según los planes aprobados el jueves por el Banco de España, es previsible que un mínimo de tres cajas (la CAM, Novacaixagalicia y CatalunyaCaixa) sean nacionalizadas y en duda está qué pasará con Unnim, que está buscando una fusión con otro grupo de cajas. En estas tres entidades, incluso aunque el FROB no tome el 50% de su capital, sus Consejos se quedarán prácticamente sin poder de decisión una vez que entre el FROB. Es uno de los secretos que aparecen en el real decreto ley de recapitalización de las entidades financieras españolas y que será clave para marcar la configuración definitiva del sector de cajas.

Esta normativa obliga a las entidades que reciban ayudas públicas a reducir a un máximo de quince miembros el número de miembros de su Consejo de Administración. De ellos, cinco han de ser independientes y su nombramiento habrá de contar con el visto bueno del Banco de España. A ellos se les unirán los consejeros que nombre el FROB, cuyo número estará en consonancia con la participación del Estado en el accionariado. Esta circunstancia, que parece una obviedad pero que no lo es, provocará que el FROB controle las decisiones en las entidades en las que entre aunque no tenga un 50% del capital.

Esta norma será decisiva no sólo para remover de su silla a los gestores que han llevado a las entidades a esta situación, sino también para decidir el futuro de la caja (en realidad ya banco), ya que de ellos dependerá cuándo y a quién se vende la entidad. Por tanto, es prácticamente imposible que los que ahora tienen poder sobre las entidades especialmente los gobiernos regionales vuelvan a tenerlo una vez que la caja se privatice. El futuro que espera a estas entidades, aseguran varias fuentes del sector, es integrarse en otros grandes grupos, de cajas o de bancos.

Eso justifica esas previsiones de que dentro de un año existirán menos de una decena de cajas. Y pueden ser grandes grupos de bancos a los que los actuales bancos empiecen a temer por su capacidad de competencia.