En Valencia los pagos a los farmacéuticos por parte de la Generalitat se realizan con cuatro meses de retraso. En Cataluña, dos. En Castilla La Mancha miles de boticarios tuvieron que hacer frente a créditos personales para paliar la deuda contraída por la Administración que dirige Cospedal. Los pagos, sin embargo, van llegando más o menos regularmente desde que se resolviera la crisis de la farmacias del verano de 2011. Sus establecimientos, no obstante, no han dejado de estar en el punto de mira y les ha tocado aplicar una de las medidas más impopulares del Gobierno de Mariano Rajoy y de los gobiernos autonómicos de Madrid y Barcelona: el copago y el euro por receta.

“Nos sentimos como el cobrador del frac pero con bata blanca”, asegura a Público José Eugenio Castellanos, propietario de una farmacia en la localidad toledana de Consuegra, de apenas 11.000 habitantes.

La situación de José Eugenio ejemplifica la de los más de 200 farmacéuticos de Castilla La Mancha. Este boticario abrió su farmacia hace ahora diez años. De hecho, aun está pagando la hipoteca del local y del mobiliario. El negocio, sin darle para hacerse de oro, sí que era suficiente para pagar su hipoteca y ayudar a sus hijas a completar sus estudios universitarios. Hasta que un día, sin previo aviso, la Administración de Cospedal dejó de pagar las facturas. Así, hasta seis meses consecutivos.

Una entidad financiera adelantó a José Eugenio 180.000 euros para pagar a proveedores

“A la hipoteca le tuve que sumar los impagos del Gobierno autonómico. La situación llegó a ser asfixiante para mí y para todos los compañeros farmacéuticos”, recuerda ahora José Eugenio, quien tuvo que recurrir a una entidad financiera para poder hacer frente a los pagos a proveedores. “El banco me llegó a prestar para hacer frente a los impagos de Castilla La Mancha alrededor de 180.000 euros”, asegura José Eugenio.

El dinero procedente, del banco que sirvió para surtir de productos la farmacia de José Eugenio, tiene un interés del 4%. Sin embargo, la Junta de Castilla La Mancha no debe pagar los intereses de demora de los seis meses de impagos. “Ahora somos rehenes de los bancos. Nos abonaron los seis meses, pero le hemos hecho el negocio. Estamos pagando los intereses que tenía que haber pagado el Gobierno de Cospedal para pagarnos a nosotros”, agrega José Eugenio.

La situación que describe José Eugenio no es desconocida para los farmacéuticos de Cataluña. La Generalitat está pagando a los farmacéuticos con dos meses de retraso. Dinero que han tenido que adelantar las propias boticas recurriendo a sus ahorros, avales o préstamos.

“Antes de empezar esta crisis, era impensable que una farmacia tuviera que recurrir a un concurso de acreedores, pero ha sucedido. Se ha llegado a la situación de que profesionales hayan perdido todo su patrimonio con la pérdida de la farmacia”, alertan fuentes del sector farmacéutico.

Joan Calduch, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, pone cifra al riesgo: “Los beneficios del farmacéutico suelen ser de alrededor del 10% de la facturación. Cada mes de impago de la Administración equivale a diez meses de beneficios de un boticario”.

Sobre los boticarios ha recaído, además, la responsabilidad de aplicar medidas ideológicas del Gobierno central como el copago farmacéutico o el euro por receta de los gobiernos autonómicos de Madrid y Barcelona. Una tarea que ha sido posible, según el sector, gracias a la “credibilidad y el esfuerzo” de los farmacéuticos. “Nosotros hemos tenido que hacer frente a los gastos del sistema de receta electrónica y hemos tenido que aplicar la medida del euro por receta cuando a nosotros no nos ocasionaba ningún beneficio”, aseguran fuentes del sector.

"Cada vez que cobro el euro por receta tengo problemas de conciencia", reconoce una boticaria

La aplicación del euro por receta, como reconoce Montse L., empleada de una farmacia del centro de Madrid, no ha sido fácil. “Cada uno de los días desde que está en vigor el euro por receta hemos tenido tertulias espontáneas en la farmacia. Llega un señor, pide sus medicamentos y empieza a quejarse. Entonces, otra señora que está detrás prosigue y, a veces, surge alguien que defiende la medida”, describe Montse, que prefiere no desvelar su apellido ni la farmacia para la que trabaja.

La situación, en opinión de esta licenciada en Farmacia, está cercana al colapso. “Hay días que que sólo falta una chispa para que todo salte por los aires. Afortunadamente, la cosa nunca ha pasado a mayores”, explica Montse, quien recuerda con especial cariño a un grupo de jubilados, “de alrededor de 70 años”, que la semana pasada acudieron a su farmacia para rellenar el inscrito para no pagar el euro. “Venían todos juntos para mostrar su indignación. La protesta social no entiende de edades”, asegura.

En Barcelona, la aplicación del euro por receta ha supuesto una recaudación extra de 45,7 millones de euros desde que fue implantado el 23 de junio, según el Departamento de Salud, que ha destacado que la tasa ha cumplido el efecto disuasorio deseado al reducirse un 21% la compra de medicamentos en este periodo de tiempo. No obstante, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona rechaza este efecto disuasorio del que presume la Generalitat y señala que la reducción en la compra de medicamentos se debe a un cúmulo de factores muy diversos y no sólo al euro por receta.

“El copago transfiere al usuario la capacidad decisoria de si debe comprar un medicamento o no en función de sus recursos. Por ejemplo, puede ser que un jubilado deje de tomar un producto en detrimento de otro por falta de liquidez. Esto no debe producirse jamás. Estamos investigando casos para ver si se ha producido y si así ha sido lo denunciaremos”, advierte Calduch.

En Barcelona la tasa de un euro por receta quedó cautelarmente suspendida el 16 de enero. Madrid lo hará en próximas fechas tras la pronunciación del Tribunal Constitucional. Montse L. desea que ese momento llegue pronto. “Cada vez que cobro ese euro me siento incómoda con mi conciencia”, asegura.

El último sobresalto para los farmacéuticos ha llegado de la mano de Luis de Guindos. En los primeros días de enero, el Gobierno presentó el anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, en el que el Ministerio de Economía y Competitividad de Luis de Guindos propone la liberalización de la titularidad de la farmacia, es decir, la supresión de la vinculación entre la propiedad y la titularidad de las oficinas de farmacia que, hasta ahora, recae legal y exclusivamente en el profesional titulado farmacéutico.

La consecuencia sería que los grandes almacenes y multinacionales podrían comprar las farmacias y ofrecer productos farmacéuticos dinamitando el sistema actual farmacéutico. El anteproyecto ya ha levantado las primeras protestas en el gremio. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha denunciado que la ley vendría a “liquidar” el modelo de farmacia basado en el principio de cercanía a los ciudadanos.

"En España, el modelo de farmacia genera 79.000 empleos directos, de los que 45.000 son de farmacéuticos propiamente", ha subrayado el responsable del CACOF, quien, además, ha ahondado en la "brecha" que se crearía entre zonas urbanas y rurales y en la destrucción de "muchas farmacias de las 21.427 que existen actualmente repartidas por toda España y que cubren al 99,9 por ciento de la población española".

La medida también se ha ganado las críticas de los farmacéuticos de Valencia y de Cataluña. De hecho, Calduch, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, ha asegurado que si el anteproyecto presentado por De Guindos se aprueba tal y como está ahora supondría “el fin del sistema actual de farmacias” en un medio plazo. “En el corto plazo todos estarían contentos ya que habría nuevas inversiones de capital. A medio plazo, podría provocar el cierre de muchas farmacias”, concluye.