Una herencia, una inyección de mercurio y un aprendiz de sicario. Eran los ingredientes del que debía ser un crimen casi perfecto, pero que finalmente se frustró por la indiscreción de quien debía perpetrarlo. El pasado 20 de junio, agentes del Equipo de Policía Judicial de Playa de Las Américas (Tenerife) de la Guardia Civil detuvieron en la isla a Alberto D. H., de 49 años de edad, y a Jonathan José A. D., de 35, acusados de conspirar para asesinar a la exmujer del primero. El móvil: el chalet y la empresa que un juez había adjudicado a la víctima tras el divorcio y que el primero quería recuperar. El arma: una jeringuilla con el tóxico metal.

Ambos detenidos lo tenían bien planeado sobre el papel. Alberto, un informático que vivía de hacer chapuzas a los ordenadores de sus vecinos en la localidad de Arona, iba a facilitar supuestamente al sicario la llave de la vivienda donde residía su ex mujer con las dos hijas adolescentes del matrimonio para que pudiera acceder a su interior y matarla.

Para evitar testigos, habían decidido que el crimen se cometiera uno de los fines de semana que las menores pasaban con su padre. De este modo, el supuesto inductor conseguía además una coartada. Una vez muerta, los bienes de la mujer pasarían a las dos adolescentes y él se encargaría de administrarlos hasta que alcanzasen la mayoría de edad. Parecía que nada podía fallar... pero falló.

El supuesto inductor prometió al delincuente 15.000 euros por el crimen

La causa fue la indiscreción del propio sicario. Johnny, como le llamaban en el municipio de Arona donde vivía, decidió buscarse un ayudante y contactó con un compañero de la infancia con el que había compartido horas de juego y de trapicheos de droga: "Tengo un trabajo entre manos. Me ofrecen entre 10.000 y 15.000 euros. Necesito un conductor". Su amigo aceptó, pero cuando le concretó cuál sería su recompensa, empezó a poner pegas. Los 500 euros que le ofreció por aquel misterioso trabajo le parecieron poco.

Johnny decidió entonces subir su oferta económica y sincerarse con su amigo: el trabajo era matar a una mujer y, si quería más dinero por su ayuda, ya no servía sólo que hiciera de chófer hasta la vivienda de la víctima, sino que tendría que entrar con él en la vivienda y sujetar a la mujer para que él pudiera inyectarle el mercurio que debía acabar con su vida.

Su amigo, asustado por lo que le ofrecía Johnny, decidió acudir días después, el 17 de mayo, al cuartel de la Guardia Civil y denunciar lo que le había propuesto. No pudo facilitar ni el nombre de la mujer ni tampoco el del presunto inductor del crimen, porque su compañero no le había dado casi detalles. Únicamente sabía que la víctima tenía dos hijas y que residía en el municipio tinerfeño de Candelaria, situado a 60 kilómetros de Arona. Ante la falta de datos concretos, los agentes pidieron al arrepentido que siguiera el juego a su amigo.

Se iniciaba así la investigación en la que Johnny era la única pista segura, un hombre que, según los archivos policiales, había tenido problemas con la justicia por traficar con droga a pequeña escala, pero al que nunca se le había relacionado con un delito de la envergadura de un crimen por encargo. Los agentes pincharon su móvil con autorización judicial para

intentar identificar al misterioso inductor, pero tanto el supuesto sicario como su empleador mantenían estrictas medidas de seguridad en sus comunicaciones y no hablaban casi por teléfono. Se hacían llamadas perdidas o, a lo sumo, cruzaban conversaciones de escasos segundos de duración en las que se limitaban a quedar para hablar en un lugar previamente convenido que nunca mencionaban.

Pese al secretismo de los sospechosos, la investigación siguió avanzando gracias al joven que denunció el complot y a quien Johnny seguía contando todos y cada uno de los pasos que ambos hombres iban dando. Uno de ellos disparó las alarmas de los guardias civiles: el sicario tenía previsto desplazarse a la zona donde se encontraba la vivienda de la víctima para reconocer la zona. "Vamos a ir pronto", le anunció.

Si salía bien, ambos hombres planeaban matar a los suegros un año más tarde

Los agentes, que ya habían logrado poner nombre y apellidos tanto a la víctima como a quién había encargado su muerte, decidieron entonces arrestar a los dos hombres. Era el 20 de junio. Pese a que la jeringuilla con mercurio no apareció y a que Johnny y Alberto se negaron a declarar, la Guardia Civil tenía ya suficientes indicios contra ambos.

De hecho, sabía que ambos se conocían porque el primero había facilitado, supuestamente, en alguna ocasión cocaína al segundo, cuya adicción a las drogas había sido precisamente la causa de divorcio. Pero sobre todo sabían que el informático en paro había planeado, presuntamente, que, si el crimen salía bien, un año después intentarían matar a los padres de su ex mujer para, de esta manera, quedarse también con sus bienes tras heredarlos las dos menores.

Un plan perfecto, si el sicario del mercurio hubiera sido más discreto.