Silencio entre los acusados de estafar a la unión romaní

Después de cuatro suspensiones, y tras anular el tribunal las escuchas telefónicas recogidas inicialmente como pruebas, comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio contra 15 personas acusadas de desviar presuntamente 1,2 millones de euros de subvenciones públicas concedidas a la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (FARA). Eso sí, los principales inculpados se negaron a declarar y sólo siete aceptaron preguntas.

El presidente de este colectivo, Vicente Rodríguez -conocido popularmente como El Querillo-, se enfrenta a una petición de 12 años y medio de prisión. La Fiscalía le asocia con los delitos de apropiación indebida, en concurso contra un delito contra la Hacienda, y amenazas y coacciones. Sin embargo, al salir de los juzgados, el acusado aseguró que "todo es mentira" y relacionó el caso con "multinacionales gitanas a las que no le interesan nuestros problemas".

El contable de la federación, Valeriano G., únicamente señaló en la sala que en este proceso "se vulneraron todos los derechos" y optó por no responder a ninguna cuestión. Sí lo hizo el secretario de la FARA, quien, a cuestiones de su abogado, negó que tuviera responsabilidad en los pagos o en la gestión de las subvenciones. Precisó que expedía certificados aunque con los datos que le trasladaban desde las direcciones provinciales sin comprobar si eran correctos.

Los cuatro trabajadores que sí respondieron a sus abogados negaron que hubieran desviado dinero para fines particulares y explicaron que no tenían acceso al dinero de las cuentas bancarias de la asociación. Otro de los imputados, José M., negó que amenazara a responsables públicos, aunque sí admitió que solicitó "correctamente" sus destituciones.

Mientras tanto, el único imputado que contestó a las preguntas de todas las partes admitió haber extendido facturas para FARA aunque únicamente en referencia a material escolar que compró la federación en un establecimiento de decoración de su propiedad.

La Fiscalía pide para las quince personas que se sientan en el banquillo de los acusados un total de 88 años de prisión. En su escrito de conclusiones provisionales sostiene que el principal acusado accedió a la presidencia y consiguió desviar 208 millones de las antiguas pesetas procedentes de subvenciones. La vista se reanuda el próximo lunes.