El Gobierno catalán pretende que los trabajadores de la Generalitat renuncien a salarios y condiciones laborales por valor de 625 millones de euros. Es el precio que deberán pagar funcionarios y empleados públicos por el drástico ajuste presupuestario que proyecta el Ejecutivo de Artur Mas para reducir otros 2.600 millones de déficit y acercarse al objetivo del 1,3%. Ayer intentó trasladar toda la responsabilidad a los sindicatos, al asegurar que está en sus manos alcanzar un acuerdo. Pero el Govern les avisó que será intransigente: todo lo que falte para lograr ese recorte se lo cobrará en despidos que se cebarán con los interinos.

Los representantes de los trabajadores se niegan en redondo a acatar la exigencia. La consideran desproporcionada, al cuantificarla en un recorte del 12% del capítulo 1 (nóminas) de la Generalitat. El Departament de Governació limita ese recorte al 6,5%, escudándose en que se ha de tener en cuenta el Presupuesto consolidado, que incluye todos los entes dependientes de la Generalitat, lo que eleva el gasto en salarios a 9.640 millones de euros.

La plantilla de la Generalitat deberá asumir un recorte de 625 millones

"Es inaceptable que quieran reducir el sueldo de los funcionarios en otro 10%", criticó la coordinadora de la Función Pública de CCOO de Catalunya, Josefina Pujol. En 2010, fruto del decreto aprobado por el Gobierno central, los funcionarios ya sufrieron una rebaja salarial del 5% y los recortes, que se han mantenido este año, han supuesto otro ahorro de 300 millones de euros para las arcas autonómicas en el capítulo salarial. Las centrales sostienen que los salarios de los empleados públicos se encuentran ahora al mismo nivel que en 1997 y que difícilmente se les puede pedir esfuerzos adicionales de la magnitud a la que aspira el Gabinete que preside Mas.

Así, los sindicatos volvieron a salir enfadados e impotentes de la reunión. No consiguieron arrancar el compromiso del Ejecutivo de garantizar las plantillas y esperan una inminente oleada de expedientes de regulación de empleo en organismos, agencias y empresas públicas, que podría acabar con más de un millar de empleos.

Pero ayer, además, abandonaron la reunión sin saber todavía cuál será la afectación real en cada trabajador, si bien temen que cada empleado público pueda perder, de promedio, alrededor de 1.800 euros anuales. Eso sí, presentaron sus propuestas y se emplazaron para una nueva reunión el martes.

Las centrales temen que cada empleado pierda 1.800 euros anuales

Sus pretensiones pasan por mantener un debate sereno y lento, pese a las prisas que quiere imprimir el Govern. Incluso poder prolongar el proceso negociador hasta el mismo día, si hiciera falta, que el Parlament apruebe el Presupuesto de 2012.

Las organizaciones de trabajadores son conscientes de que los nacionalistas de CiU, tras las contundentes victorias cosechadas en las elecciones autonómicas, municipales y legislativas, no dudarán en pasar el rodillo a la mínima que puedan. Una de sus únicas esperanzas es el enfado que puedan mostrar los funcionarios de la Generalitat ante las medidas anunciadas hace tres semanas. Confían en que lo hagan en la protesta convocada para el próximo miércoles, con el que podrían dar un toque de atención al Gabinete de Mas y ganar fuerza en la negociación.

De momento no se aventuran a convocar nuevas movilizaciones, pero tampoco las descartan. "La situación es de tensión máxima", señaló Xavier Casas, responsable del sector público de UGT, quien quiso dejar claro que "quien hace la propuesta con una agresividad sin precedentes es el Govern". En cuanto a las protestas, el Ejecutivo amenazó con zanjar las negociaciones si se repiten protestas en las prisiones, como la del pasado viernes en la Modelo de Barcelona.

Exigen jubilaciones a los 65 años y limitar los sueldos más altos

Desde Governació se consideraba ayer que se ha dado margen para un acuerdo final. El pasado 30 de octubre presentó una batería de 19 medidas salariales y laborales que sumaban un tijeretazo de 855 millones de euros. Al rebajar ahora sus pretensiones iniciales a 625 millones, la conselleria considera que se puede negociar sobre esas mismas bases, pero dando lugar a los sindicatos a que marquen cuáles son sus prioridades.

La presentación de propuestas por los tres sindicatos mayoritarios en la Generalitat CCOO, UGT e IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) sirvió para que Governació calificara como "positivo" el encuentro. Plantean, entre otras medidas, la jubilación forzosa a los 65 años, lo que ahora mismo supondría el ahorro de casi 700 nóminas, o la limitación de las dietas de los altos cargos a un máximo del 5% del salario hoy es del 30%. Asimismo, se aboga por limitar el salario bruto mensual a 5.000 euros y la reducción de las contrataciones externas de trabajos que la Generalitat realiza a empresas privadas. Según los cálculos de UGT, sólo esa esa medida ahorraría 300 millones.