El caos aéreo que se produjo el viernes pasado por las bajas masivas de controladores tuvo un efecto colateral indeseado para los sindicatos: que el anuncio de que el Gobierno aprobará sí o sí la reforma de las pensiones el 28 de enero pasó más inadvertido de lo esperado. Los secretarios de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han criticado el plazo marcado por el Gobierno y han asegurado que el debate será un mero trámite. "Vamos a asistir a una pantomima de negociación", ha subrayado Méndez. "El conflicto social que se puede abrir es de proporciones", ha avisado Toxo.

En el mes y tres semanas que queda hasta la fecha límite que se ha dado el Ejecutivo, la Comisión del Pacto de Toledo tiene que pactar sus conclusiones, lo que se espera que suceda antes de final de año. Posteriormente, el Gobierno quiere negociar la reforma con sindicatos y patronal. "Es intolerable que, después de dos años de negociación parlamentaria, el Gobierno ahora aproveche el apoyo de la derecha nacionalista (en referencia a Coalición Canaria y al PNV) para reformar las pensiones", ha dicho Toxo, que ha acusado al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de "coartar" el debate público al respecto.

"El Gobierno ya ha tomado la decisión de imponer la ampliación de la edad de jubilación", ha afirmado Méndez. El secretario general de UGT ha añadido que ningún gobierno de la democracia ha propuesto medidas como el retraso de la edad de jubilación alegando unas previsiones a 40 ó 50 años vista. "Sería cómo haber pretendido adivinar en el año 1939 lo que ocurriría en España en el año 1989, cuando ya llevábamos tres años incorporados a la UE", ha dicho.

Toxo y Méndez han presentado ante la Mesa del Congreso la iniciativa legislativa popular por el empleo estable y con derechos con la que pretenden revertir la reforma laboral.

La Cámara Baja tiene ahora 15 días para determinar si acepta o rechaza la iniciativa. En caso de aceptarla, los sindicatos contarán con un plazo máximo de nueve meses para recoger, al menos, medio millón de firmas, que es el mínimo necesario para que una iniciativa de estas características salga adelante.

Sin embargo, UGT y CCOO esperan registrar un número muy superior de firmas y presentarlas ante el Congreso alrededor de marzo, para que coincida con las próximas elecciones municipales.