Entrevista a David Ballester"La sombra policial del franquismo se prolonga hasta hoy"

La Transición española dejó un número de muertes sin parangón en otros procesos similares registrados en Europa. En total, se calcula que 630 personas murieron en manos de grupos insurreccionales, ultras o de los aparatos del Estado. Concretamente, 134 serían causadas por lo que David Ballester llama "violencia institucional". Así lo documenta en Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982) (Prensas de la Universidad de Zaragoza), de la que se hace eco la revista 'Sapiens' en un extenso artículo, y en la que el ensayista y doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) recopila las fichas de todas las víctimas a la vez que denuncia los efectos dramáticos que tuvo la falta de depuración de las estructuras represivas provenientes de la dictadura.

¿En qué medida, lejos de lo afirmado, la Transición española no fue pacífica ni modélica?

Lo revela la cantidad de muertes, porque aparte de las 498 causadas por el terrorismo de signo diverso -desde ETA a grupos ultras-, debemos sumar las 134 de la violencia policial, a las que debería añadirse en el marco más amplio de la violencia institucional la muerte del joven anarquista Agustín Rueda, por funcionarios de prisiones. Este magma demuestra que, a diferencia de las bondades que se atribuye a ese período, la Transición no fue pacífica y, en consecuencia, tampoco modélica.

Utiliza el término "violencia institucional" y no otros conceptos. ¿Por qué?

"La Transición no fue pacífica y, en consecuencia, tampoco modélica"

Considero que con cualquier otro significado, sea "terrorismo de Estado" o "violencia estatal destinada a aplastar a la oposición al régimen", se incurre en una exactitud, ya que no había una estrategia premeditada de las autoridades para combatir a la disidencia política. La prueba es que se utiliza la violencia de forma habitual y cotidiana al margen de quien sea la víctima. Muchos son obreros, cierto, pero en el conjunto de personas afectadas, el peso de este colectivo es menor.

De las muertes que identifica, 38 se producen en acciones de la policía en la calle, cinco a causa de torturas y 91 en lo que llama "gatillo fácil". ¿De qué se trata?

Es el uso abusivo de las armas por parte de agentes del orden en situaciones muy diversas. Y, de estas 91 muertes, sólo ocho tienen trasfondo político; el resto son ciudadanos anónimos: desde una mujer que recibe un disparo durante la persecución de la policía a unos etarras, otros a los que la Guardia Civil metralla porque no se detienen en un control, así como las ocurridas en una discusión de vecinos o en la barra de una discoteca. Las provocan agentes mal comandados, de los que un 25% cometen las muertes fuera de servicio, bebidas o durante la noche. Los hechos acaban siendo tan habituales que, sólo en un mes y medio de 1981, mueren seis jóvenes en discotecas, lo que hace que la población lo normalice y los familiares de las víctimas queden absolutamente olvidadas

¿A qué obedece ese 'modus operandi' tan arbitrario?

"Los métodos de actuación de la dictadura se traspasan a la democracia y no se depuran sus principales mandos"

Se explica por qué los métodos de actuación de la dictadura se traspasan a la democracia y no se depuran sus principales mandos. Ni siquiera se liman los aspectos más escabrosos del anterior período, como demuestra que a algunos torturadores se les recoloca en lugares notables de la dirección del aparato policial. Por tanto, más allá del cambio de color en los uniformes -se pasa del gris al marrón en 1978-, se produce una continuidad que tendrá consecuencias dramáticas en términos de violencia policial. Pero es que, a excepción de la extrema izquierda y el independentismo vasco, la demanda de disolución de estas unidades tampoco está en la agenda de los grandes partidos, ni siquiera del PSOE o el PCE.

¿No suponen ningún problema para el primer gobierno de la UCD?

El objetivo de Suárez radica en controlar a la policía para asegurar que la Transición se materializa. No tiene, por tanto, ninguna mala conciencia de que esté trufada de personas que han conculcado los derechos humanos. De hecho, el exministro de Gobernación/Interior entre 1976 y 1979, Rodolfo Martín Villa, explica en sus memorias que los agentes de la Brigada Político-Social, creada por Franco en 1941, fueron los mejores que había tenido bajo sus órdenes. Y a todo esto se le añade la gran coartada que permite a este ejecutivo y a los posteriores no tocar nada: la existencia de ETA.

¿En esta lógica se inscribe el hecho de que la mayoría de los magistrados del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista siguieran operando dentro de la Audiencia Nacional?

No sólo eso: en los concursos de traslados dentro del escalafón funcionarial, haber formado parte del TOP se convierte en un mérito. Al igual que supone un mérito haber participado en la Brigada Político-Social, a cuyos integrantes se les coloca en la nueva estructura. Sin olvidar el caso de Agustín Rueda, por ejemplo, en el que los funcionarios que lo mataron volvieron a sus puestos de trabajo con la protección de Landelino Lavilla, entonces ministro de Justicia de la UCD.

¿El objetivo, pues, era tener bajo control los diferentes resortes del Estado?

Esto es innegociable. No olvidemos, por eso, la famosa foto que tiene lugar en un mitin del partido único celebrado en 1965 en Mota del Cuervo, un pequeño municipio del suroeste de Cuenca: aparecen Fernando Herrero Tejedor, conocido falangista y líder del Movimiento, y detrás tres jóvenes con la camisa azul. ¿Quiénes son estos jóvenes? Adolfo Suárez, Martín Villa y Juan José Rosón. Es decir, los dos hombres que, durante cinco de los siete años de la Transición, tendrán en sus manos el ministerio de Gobernación e Interior y Suárez, el primer presidente de la democracia. Algo inaudito, ya que no encontraremos en Europa ningún caso en el que el primer presidente de una democracia haya sido el último secretario general del partido que dominaba el régimen anterior. La continuidad con el franquismo, por tanto, es evidente.

Visto así, ¿no debería sorprendernos que el número de abusos sea tan elevado?

"La continuidad con el franquismo es evidente"

Las cifras son brutales. Porque en un solo año de la Transición en la represión de manifestaciones se producen casi las mismas muertes, 13, que entre 1969 y la muerte de Franco, en 1975, 14. Recordemos que de forma inverosímil, según mi criterio, las unidades antidisturbios creados en 1969 para reprimir la disidencia en la calle, las Compañías de Reserva General, y que cometió auténticas barbaridades, no se disolvieron hasta 1989, para ser sustituidas por la UIP.

¿Los agentes se sentían amparados y protegidos?

Completamente, porque apenas hubo consecuencias penales para quienes cometieron crímenes. Y, en el supuesto de que fueran juzgados, se les acababa indultando. Hay casos tan flagrantes como el guardia civil que mata a Gladys del Estal en Tudela en 1979, que a pesar de recibir una pena de año y medio de cárcel, no fue encarcelado y, para más escarnio, fue condecorado en la misma población navarra donde causó la muerte del activista ecologista. Y a todo ello, se añade la aquiescencia con la manada de policías y servicios secretos que formaron las tramas negras dedicadas a perseguir a la disidencia, contra las que el Gobierno sólo actuó cuando vio que podía descarrilar la Transición. Mientras, dejó que actuaran y causaran lo que se consideraba víctimas colaterales.

¿Hasta cuándo durará esta espiral represiva?

"La sombra policial del franquismo se prolonga hasta la fecha de hoy"

Con la llegada del PSOE al gobierno se produjeron cambios sustanciales, pese a la tibieza de la gestión socialista en el ámbito policial y la nefasta actuación del ministro Barrionuevo. A partir de 1983, a raíz de la muerte de un niño de 2 años de nuevo en un control de la Guardia Civil, se aplicó la normativa emanada del Consejo de Europa respecto al uso de armas por parte de los cuerpos policiales, y el número de víctimas del "gatillo fácil" fue descendiendo paulatinamente. Igualmente se situó primero el derecho de manifestación por delante de otras consideraciones y se aplicó ante las movilizaciones una política "blanda", evitando el uso de armamento ofensivo y se aparcaron los camiones lanzadores de agua.

De todas formas, hubo que esperar a finales de la legislatura para aprobar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 1986, que representaba cambios profundos en la estructura policial y abría las puertas a su adecuación a un estado de Derecho. Donde se fracasó de forma contundente fue en las esperanzas puestas en el nuevo gobierno respecto a la erradicación de la execrable práctica de la tortura, que se perpetuó en comisarías y cuarteles.

Asimismo bajo los gobiernos del PSOE se siguió ascendiendo y condecorando a agentes que habían destacado en la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura. Una decisión que provocó las críticas de aquellos antifranquistas que habían sido torturados por aquellos que veían cómo eran promocionados en el marco de un estado democrático, por el que ellos habían luchado y pagado un precio. Podemos afirmar, pues, que la sombra policial del franquismo, en determinados aspectos, se prolonga hasta la fecha de hoy, si bien también sería injusto decir que la policía actual igual, porque la práctica del "gatillo fácil" es excepcional y la muerte de ciudadanos en el curso de manifestaciones desde los inicios de los años ochenta también ha descendido de forma exponencial.

¿Cuántas muertas quedarían por esclarecer de la Transición?

Hay una zona gris sobre la que se ciernen algunos interrogantes, pero en cuanto a la violencia institucional, como máximo estaríamos hablando de unas decenas de casos. Lo penoso es el olvido que han sufrido las víctimas, las órdenes para torpedear la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo o que la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, no permita acceder a determinados expedientes de policías. La opacidad y la impunidad todavía le arrastramos.