La religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los 'bebés robados', que tuvo lugar en España desde el franquismo hasta los años 90.

La monja, que estaba citada en calidad de imputada en los Juzgados de Plaza de Castilla, permanece aún en una sala del edificio custodiada por agentes policiales, encargados expresamente de que no se produzcan incidentes a su salida, dada la gran expectación mediática que ha producido su comparecencia.

Sor María, con el hábito de las Hermanas de la Caridad, acudió al Juzgado poco después de las ocho de la mañana acompañada por otra monja de la congregación.  Sor María está defendida por el abogado José María Calero, que llevó la acusación de la familia de Marta del Castillo.

A sor María, de 80 años y que vive en un convento de las hermanas de la Caridad de Madrid, se le imputan delitos de detención ilegal y falsedad en documento público después de que María Luisa Torres denunciara a la religiosa por haberle quitado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la cínica Santa Cristina.

El pasado 3 de abril, Torres compareció ante el juez como testigo y declaró que la monja le arrebató a su hija tras llamarla "adúltera", cuando ésta trabajaba como asistente social en la maternidad de la clínica madrileña.

Sor María es la primera persona a la que un juez abre diligencias por el caso de 'niños robados' . Por su parte, la Fiscalía está a la espera de obtener los resultados de ADN de dos exhumaciones realizadas en el cementerio de la Almudena y que podrían destapar posibles irregularidades.

Este jueves, además, es el día en que el el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Interior, Jorge Fernández Díaz; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se reunirán con las asociaciones de afectados por estos casos. Los familiares de los 'niños robados' reclaman la apertura de archivos y la creación de una base de datos que recopile muestras de ADN para facilitar las investigaciones.