La religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los 'niños robados'. La religiosa, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina. La monja trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos. El pasado día 3 de abril, Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia y explicó que sor María le quitó a su bebé por 'adúltera', ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

Sor María, que estaba citada en calidad de imputada en los Juzgados de Plaza de Castilla, ha salido por la puerta trasera del juzgado custodiada por agentes policiales, encargados expresamente de que no se produzcan incidentes a su salida, dada la gran expectación mediática que ha producido su comparecencia. La religiosa, con el hábito de las Hermanas de la Caridad, acudió al juzgado poco después de las ocho de la mañana acompañada por otra monja de la congregación. La religiosa estaba citada a las 9.30 horas, por lo que ha logrado evitar las preguntas de los periodistas a su entrada en el edificio. La monja ha estado más de una hora en una sala de espera de la sede judicial y su comparecencia ha durado apenas unos minutos, según ha confirmado la abogada de la acusación particular, Ana Jiménez. 

El juez mantiene a la religiosa como imputada y mañana tomará declaración en calidad de testigos a los padres adoptivos de Pilar, la supuesta niña robada en este caso.

En las puertas del juzgado también esperaba esta mañana Paloma Pérez, que se enteró hace ocho años de que fue separada de su madre biológica en contra de su voluntad. '¡No sé quién soy!', explicaba esta mujer nacida el 3 de marzo de 1957 en la clínica Santa Cristina cuya denuncia fue archivada por prescripción.'¿Por qué han hecho tanto daño si no necesitaban el dinero?', gritaba entre el tumulto de policías que escoltaban a la religiosa. Sor María fue 'la sucesora, una alumna muy aventajada', según Pérez, de la monja que la separó de su madre biológica. 'Y encima están protegidas, ¿por qué tanta policia?', preguntaba, '¿por qué les protegen a ellos? A nosotros nadie nos portegió'.

La comparecencia de sor María en el Juzgado ha coincidido con la reunión que las asociaciones de afectados por los casos de 'niños robados' han mantenido hoy con los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El Ministerio de Justicia ha anunciado que se creará un grupo de trabaja para elaborar un censo de niños robados.