El pleno del Tribunal Constitucional no resolverá sobre la recusación de cinco de sus magistrados en el recurso del PP contra la Ley Orgánica de esta institución (LOTC) hasta que las partes personadas en el mismo examinen varios escritos relacionados con las tres presentadas por este partido.

Así lo ha informado hoy el Alto Tribunal, que ha señalado que el pleno ha decidido que las partes -el Congreso, el Senado, el Gobierno y el PP- tendrán acceso a las actuaciones, aunque no se les pide su opinión sobre ellas, y podrán alegar lo que estimen oportuno acerca de varias de las "comunicaciones" que los magistrados se han cruzado sobre este asunto.

El Constitucional notificará mañana una providencia con esos acuerdos, que cuenta con el voto particular de los magistrados del sector conservador Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo.

Estos dos son los recusados por el Gobierno, que considera que están "contaminados" para pronunciarse sobre la LOTC porque el pasado 22 de junio mostraron en una carta su "más profunda discrepancia" con la reforma de esta ley, que había entrado en vigor el 26 de mayo y prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta María Emilia Casas.

Ésta y el vicepresidente Guillermo Jiménez, cuyo mandato también quedó prorrogado, no participan en las deliberaciones, después de que el pleno aceptara sus abstenciones al considerar que tienen interés directo en la causa.

De los diez magistrados restantes, cinco son progresistas y cinco conservadores, aunque en caso de empate estos últimos cuentan con el voto de calidad del presidente accidental del pleno, Vicente Conde.

Sin embargo, la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata por parte del Gobierno modificó la relación de fuerzas, ya que de los ocho magistrados "supervivientes" cinco eran progresistas y sólo tres conservadores.

Ocho, además, es el número mínimo de miembros que, según la ley, debe tener el pleno para poder adoptar decisiones. Por debajo de esa cifra, el tribunal queda bloqueado.

Y eso es lo que sucedió después de que el pasado 26 de octubre el PP decidiera recurrir a los progresistas Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps basándose en una información publicada el día anterior por el diario El Mundo, según la cual estos tres magistrados se habían pronunciado a favor de la reforma de la LOTC y de su constitucionalidad en una reunión el pasado 12 de junio.

Las recusaciones del PP dejaban al Constitucional sin margen de maniobra en este asunto, ya que la ley es taxativa respecto al "quorum" necesario para adoptar acuerdos.

La salida que se le ocurrió a Vicente Conde, y que él mismo calificó de "absolutamente innovadora", carente de base legal precisa y contraria al criterio seguido en otros casos, fue convocar al pleno a los diez magistrados, aun a costa de que cinco de ellos tuvieran que pronunciarse sobre sus propias recusaciones.

En el pleno, según el orden previsto por Conde, se iba a examinar primero la admisión a trámite de las recusaciones del PP y después la de las del Gobierno.

Antes de entrar en el fondo del asunto, sin embargo, el tribunal ha decidido que las partes vean las actuaciones y que se pronuncien sobre las múltiples "comunicaciones" que los magistrados se han cruzado en las últimas semanas.