El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico del Consistorio Juan Antonio Roca han sido trasladados hoy a los juzgados de la ciudad para que declaren por una causa urbanística.

Muñoz llegó a las dependencias judiciales a las 09:40 horas procedente de la prisión provincial de Jaén, donde se encuentra en cumplimiento de dos condenas de un año de prisión por otros delitos urbanísticos.

Veinte minutos antes fue trasladado hasta los juzgados marbellíes Juan Antonio Roca, quien está ingresado en la cárcel de Albolote (Granada) en prisión preventiva por el "Caso Malaya" contra la corrupción en Marbella.

Está previsto que ambos comparezcan ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, Carmen Rodríguez Medel, por una causa en la que se les imputa los delitos prevaricación y contra la ordenación del territorio, han señalado a EFE fuentes judiciales.

De estos mismos delitos están acusados el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el consejero delegado de Divertilandia Marbella SL, Antonio García Barrios, que también han sido citados a declarar hoy ante la juez.

Este procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada en diciembre de 2006 por la comisión gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento marbellí tras la disolución de la Corporación, órgano que tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de la compañía Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.

Según la denuncia, en mayo de 1995 el Ayuntamiento firmó un convenio con Repsol en virtud del cual la compañía autorizaba al Consistorio a tramitar la reparcelación de unos terrenos propiedad de la compañía en el entorno de Puerto Banús y en el que se establecía la apertura de una nueva parcela apta para desarrollar la actividad de estación de servicio.

La denuncia presentada por el órgano rector señala que, a pesar de que la propietaria de la parcela se vio obligada a ceder ésta al Consistorio para convertirse en un bien de dominio público, el Ayuntamiento transmitió la propiedad en marzo de 1998 a la sociedad Marbella Divertilandia SL.

Posteriormente, en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 por parte del Ejecutivo local -plan que posteriormente fue anulado por la Junta de Andalucía- la calificación de la citada parcela pasó a uso comercial.

Además de esta causa, Roca está citado para declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Óscar Pérez, sobre las investigaciones que aún continúan abiertas en relación al "Caso Malaya".