El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo hoy que su Gobierno extraditó esta madrugada a Estados Unidos al ex jefe máximo de las AUC, Salvatore Mancuso, y otros trece antiguos mandos de esa disuelta organización paramilitar, porque incumplieron sus compromisos de paz.

EE.UU. reclamaba en extradición por delitos de narcotráfico a 16 ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a los que el Gobierno colombiano favorecía con la suspensión de su envío al exterior, a cambio de que no retomaran las armas, no mintieran e hicieran una reparación a sus víctimas.

En una alocución por cadena de radio y televisión al país, Uribe defendió que el "Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas".

En el caso de estos ex paramilitares, el presidente sostuvo que "algunos de ellos habían reincidido en el delito (...), otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".

Es decir, los ex jefes paramilitares estaban en contradicción con la Ley de Justicia y Paz, polémica normativa aprobada con vistas a la reinserción de las AUC, que se disolvieron a mediados de 2006 tras haber desarmado a más de 31.000 ultraderechistas.

La normativa, con 3.284 postulados, establece penas de cinco a ocho años de prisión, susceptibles de reducción, para responsables de delitos de lesa humanidad, como matanzas, homicidios y desapariciones forzadas.

"No se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato y otros delitos", expresó el jefe del Estado, que compareció en una sala de conferencias de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Uribe estuvo acompañado por el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo; los ministros del Interior y Justicia, Carlos Holguín, y de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.

"El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado", puntualizó el jefe del Estado.

A pesar de la entrega masiva, Uribe dijo que Estados Unidos aceptó su solicitud de que la "riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas".

Según él, "nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos", país al que, dijo también, podrán viajar agentes estatales y representantes de la sociedad civil para seguir los juicios contra estos ex paramilitares.

La extradición tomó por sorpresa a Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Diego Fernando Murillo, Ramiro Vanoy, Hernán Giraldo Serna, Francisco Javier Zuluaga, Guillero Pérez Alzate, Manuel Enrique Torregrosa, Diego Alberto Ruiz, Juan Carlos Sierra, Martín Peñaranda, Edwin Mauricio Gómez, Nodier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.

El grupo extraditado hoy se suma a Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", que fue entregado a la justicia estadounidense el pasado 7 de mayo.

También causó estupor en sectores de la oposición a Uribe, que afronta un momento difícil por el creciente alcance del escándalo de la "parapolítica", de nexos de congresistas y funcionarios públicos con las antiguas AUC.

La mayor investigación del caso la sigue la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que vinculó al proceso a 63 congresistas, mayoritariamente afines a Uribe, de los cuales la mitad están detenidos.

"Extraditaron a todos los testigos del proceso de la 'parapolítica'", sostuvo la investigadora Claudia López, reconocida por sus estudios sobre la influencia paramilitar en la política colombiana.

La estudiosa consideró que, con la entrega de estos ex jefes, "se decretó el fin del proceso de la 'parapolítica'".

Solo un día antes, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, dijo en una entrevista con el diario El Espectador que la extradición de ex paramilitares era conveniente para ambos países.