Tras varias rondas de conversaciones secretas iniciadas el pasado febrero, se cerró en Washington ayer el acuerdo entre los gobiernos colombiano y estadounidense para el uso de siete bases aéreas y marítimas en Colombia. La filtración del pacto militar provocó en las últimas semanas una tormenta en toda América Latina e interrumpió en la práctica el proceso de alianza UNASUR, que impulsa el presidente brasileño, Lula da Silva.

La oposición a Uribe exige que el texto sea debatido en el Congreso, mientras que él sostiene que, para no alterar sustancialmente los pactos vigentes con EEUU, sólo debe pasar por el Consejo de Estado en un trámite no vinculante.

La autonomía de los estadounidenses en suelo colombiano se negociará en secreto

Según filtraciones publicadas por la revista Cambio, que dirige el ex canciller Rodrigo Pardo, algunos de los aspectos polémicos, como la autonomía del Ejército estadounidense en suelo colombiano, serían objeto de un posterior "acuerdo de aplicación" a negociar reservadamente por "agentes ejecutivos de los dos gobiernos".

Tanto el Gobierno colombiano, como el propio presidente Barack Obama, han subrayado que EEUU no instalará bases propiamente dichas en Colombia, sino que se ubicará en las que ya están operativas en este país.

Sin embargo, en declaraciones a Público, la analista internacional estadounidense y profesora de la Universidad de los Andes Arlene Tichner, considera que esa precisión es una "cortina de humo", puesto que "no tener bases fijas es la estrategia actual de Washington, especialmente tras el 11-S.

Ahora se trata de contar con múltiples puntos, llamados en la jerga militar flores de loto, entre los que poder saltar de manera rápida y ágil, lo que permite una mayor interrelación y articulación entre los distintos comandos que tiene el Pentágono".

Según un informe elaborado en abril por el Comando Aéreo de Movilidad para la Fuerza Aérea de EEUU, las antiguas bases de la Guerra Fría han pasado a denominarse "Ubicaciones de Cooperación en Seguridad" (CSL por sus siglas en inglés).

Los países vecinos temen la capacidad operativa de EEUU fuera de Colombia

El proceso para que el Pentágono empiece a instalarse o refuerce su posición en Malambo, Palanquero, Apiay, Tolemaida, Larandia, Bahía Málaga y Cartagena, se inició cuando el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció en su campaña electoral que no renovaría el contrato para el Puesto Militar de Operaciones Avanzadas situado en Manta, la única base militar de EEUU en Suramérica.

La base de Manta permitía al Pentágono la vigilancia del Pacífico, desde Perú hasta América Central. La decisión de Correa se reafirmó ante la certeza de que desde Manta se intervino en la invasión del Ejército colombiano en Angostura para bombardear un campamento de las FARC el 1 de marzo de 2008, tras lo que se produjo la ruptura de relaciones entre Ecuadory Colombia.

Aviones AWACS y C-17

El punto más conflictivo del acuerdo, el que más ha despertado el recelo de los vecinos de Colombia, desde Venezuela a Brasil, es de la previsible "extraterritorialidad" de la intervención estadounidense, tanto desde el punto operativo, como de inteligencia.

El Gobierno colombiano ha insistido en que EEUU sólo operará en el interior del país para luchar contra el narcotráfico, lo que no es congruente con la ubicación prevista en las bases de aviones AWACS, que pueden sobrevolar varios países del continente sin ser detectados por los radares, y de los gigantes C-17, destinados al transporte masivo de tropas, para los que se acondicionará la base de Palanquero.

Otro aspecto polémico en Colombia es el de la inmunidad del personal civil y militar estadounidense, que el acuerdo firmado equipara al de la Embajada de EEUU. En Ecuador han quedado impunes más de 3OO delitos, incluidos robos, asesinatos y violaciones cometidos por el personal estadounidense de la base de Manta.